La paradoja del poder sin consenso
Hay un fenómeno recurrente en la política latinoamericana que merece atención: cuando un gobierno carece de mayorías sólidas, tiende a fortalecer su base mediante la movilización emocional contra adversarios históricos. Argentina no es excepción. Lo que estamos presenciando es una variante sofisticada de una vieja estrategia: mantener encendida la brasa del conflicto kirchnerista precisamente cuando se necesita concentración parlamentaria para objetivos más inmediatos.
La irrupción de figuras como Marco Rubio en la agenda política local no es casual. Representa la intersección entre política doméstica y relaciones internacionales que caracteriza a los gobiernos que buscan reposicionamiento global. Cuando un presidente argentino estrecha lazos con Washington, simultáneamente requiere cohesión interna para que esos vínculos no se vean como acuerdos alcanzados desde la debilidad. El kirchnerismo, en este cálculo, funciona como adversario útil.
La matemática del Senado y sus implicaciones
Los números importan en política, pero sus usos pueden ser diversos. Contar con dos tercios en una cámara legislativa significa poder modificar la Constitución, un poder que trasciende lo ordinario. Históricamente en América Latina, cuando gobiernos buscan supermayorías constitucionales, suele preceder cambios institucionales significativos. No es paranoia preguntarse qué se prepara cuando se trabaja intensamente para alcanzar esas cifras.
Pero hay un cálculo adicional: mientras la atención pública se concentra en las batallas contra figuras del pasado, se agiliza la agenda legislativa menos visible. Proyectos de ley, reformas regulatorias, cambios en instituciones clave avanzan con menor escrutinio cuando el debate público hierve en torno a enemistades tradicionales.
La justicia como territorio de disputa
Las amenazas legales contra figuras políticas no son novedad en la región. Desde Brasil hasta Perú, hemos visto cómo la Justicia se convierte en arena de batalla política. Lo preocupante no es que exista litigio —ese es el derecho de cualquier sistema—, sino la instrumentalización del aparato judicial para objetivos políticos inmediatos.
Cuando un gobierno enfatiza constantemente las amenazas legales contra su principal adversario, envía un mensaje: la política no se resuelve en términos electorales, sino en términos de poder para usar las instituciones. Esto erosiona algo más fundamental que cualquier gobierno específico: la confianza en que las reglas del juego son previsibles y neutrales.
El kirchnerismo como oxígeno político
Aquí reside la paradoja más interesante. Un gobierno que efectivamente ha ganado elecciones, que cuenta con respaldo popular y que controla el ejecutivo, invierte recursos sustanciales en mantener presente a una fuerza política que perdió. ¿Por qué no dejar que se desvanezca naturalmente?
La respuesta está en la fragmentación. Argentina no tiene un centro político gravitacional claro. Tiene múltiples proyectos, múltiples visiones, múltiples bloques con legitimidades cuestionadas entre sí. En ese contexto, un enemigo claro, conocido, con historia, resulta más funcional que enfrentar la dispersión de fuerzas propias.
Lo que está en juego
La pregunta que todo ciudadano debería formular es si esta dinámica beneficia la resolución de problemas concretos: inflación, empleo, educación, salud. La experiencia comparada sugiere que gobiernos atrapados en batallas simbólicas contra adversarios del pasado tienden a postergar reformas estructurales que requieren consensos amplios.
Milei tomó el poder con un mandato de ruptura. Pero la ruptura requiere construcción. Y la construcción requiere mayorías que trasciendan lo electoral. El kirchnerismo, así usado, es un respirador que mantiene con vida el conflicto cuando quizás sea momento de plantear preguntas diferentes: no quién gobernó mal antes, sino quién construirá mejor después.
La política latinoamericana necesita salir del ciclo de venganzas prospectivas. Argentina merece un debate sobre futuro, no una resurrección permanente del pasado.
Información basada en reportes de: La Nacion