El precio invisible de la parcialidad judicial
En las democracias modernas existe un pacto tácito: aceptamos las sentencias que nos perjudican porque confiamos en que fueron dictadas por alguien sin interés personal en el resultado. Cuando ese pacto se quiebra, el sistema judicial pierde algo que ninguna reforma administrativa puede restaurar rápidamente: legitimidad.
México está en ese punto crítico. No se trata de una crisis declarada ni de un colapso evidente, sino de algo más insidioso: la erosión gradual de la confianza en que las cortes actúen de manera imparcial. Esta situación es particularmente grave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución que debería ser el bastión de la certidumbre jurídica.
¿Qué significa perder la neutralidad?
La neutralidad judicial no es un lujo teórico. Es el fundamento sobre el que descansa cualquier estado de derecho funcional. Cuando un ciudadano acude a los tribunales, no solo busca una decisión técnicamente correcta: busca seguridad de que esa decisión no está contaminada por preferencias políticas, intereses económicos o presiones externas.
En América Latina, hemos visto repetidamente qué sucede cuando este principio se debilita. Jueces que responden a gobiernos de turno, cortes que protegen grupos de poder específicos, sentencias que parecen más el resultado de negociaciones políticas que de análisis jurídico riguroso. El resultado es predecible: ciudadanía desconfiada, instituciones debilitadas y, eventualmente, democracia cuestionada.
La pregunta que debe hacerse México es si está en el camino de esa degradación institucional o si aún puede corregir el rumbo.
Los síntomas de la enfermedad
Cuando se habla de parcialidad en cortes supremas, raramente se trata de hechos flagrantes. No hay que documentar sobornos explícitos o amenazas directas. El daño es más sutil. Ocurre cuando:
Las decisiones de la corte parecen alinearse sistemáticamente con ciertos intereses políticos o económicos. Cuando empresas o funcionarios específicos encuentran consistentemente fallos favorables. Cuando los ministros actúan coordinadamente de formas que superan lo que explica la coincidencia ideológica. Cuando las resoluciones parecen responder a agenda de coyuntura política más que a principios jurídicos consistentes.
Estos síntomas erosionan la confianza mucho más rápido que un escándalo de corrupción: este último es un evento que puede investigarse y resolverse; aquello, en cambio, es una sospecha persistente que no se disipa.
El rol de la percepción
Aquí reside una paradoja importante: la imparcialidad judicial depende tanto de la realidad como de la percepción. Una corte objetivamente imparcial pero percibida como sesgada es, en términos prácticos, una corte comprometida. Porque la legitimidad de las instituciones judiciales reposa en la confianza pública, y esa confianza es principalmente una construcción perceptual basada en patrones observables.
Esto explica por qué es crucial que los magistrados no solo sean imparciales, sino que lo parezcan. Deben actuar con transparencia radical, explicar sus razonamientos de forma que el ciudadano promedio pueda seguir la lógica, recusarse cuando existan conflictos de interés incluso potenciales, y mantener distancia visible de actores políticos y económicos.
Responsabilidad compartida
No puede atribuirse toda la culpa a los magistrados. Los medios de comunicación, los actores políticos y la sociedad civil también tienen responsabilidad en mantener o erosionar la confianza institucional. La politización excesiva de las decisiones judiciales, las campañas de desprestigio basadas en resultados más que en análisis de fondo, las filtraciones estratégicas de información: todo esto contribuye a que la brújula de la justicia se desvíe.
Pero en última instancia, son los magistrados quienes tienen la mayor responsabilidad. Su deber es resguardar la independencia del poder judicial precisamente contra estos embates externos.
Una invitación a la reflexión
La pregunta que México debe hacerse no es si todos los jueces son corruptos o sesgados. Probablemente muchos actúan de buena fe. La pregunta real es: ¿estamos permitiendo que un patrón de dudas justificadas corrosione progresivamente nuestras instituciones? ¿O tomaremos medidas ahora para restaurar la confianza?
Una corte suprema cuya neutralidad es cuestionada es, prácticamente, una corte que ha perdido su función. No por lo que hace, sino por lo que no logra hacer: garantizar que la justicia sea ciega a todo excepto a la ley.
Información basada en reportes de: El Financiero