Cuando la solidaridad tiene un precio que nadie pagó
Durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en una de las instituciones más importantes en la respuesta sanitaria nacional. Sin embargo, más de tres años después de que iniciara la emergencia, persisten interrogantes sobre el costo real de esa labor y cómo fue financiada realmente.
Un comunicado oficial del IMSS fechado en abril de 2025 reporta que la institución atendió a aproximadamente 353 mil personas sin afiliación al sistema de seguridad social durante los períodos más álgidos de la pandemia. Se trata de una cifra significativa que refleja el compromiso del organismo con la población vulnerable. No obstante, registros administrativos internos sugieren variaciones en estas cifras que merecen análisis y transparencia.
¿Cifras que no coinciden?
La discrepancia entre información pública y documentación interna de instituciones de salud es un fenómeno que ha sido documentado en varios países latinoamericanos durante la crisis sanitaria. Según especialistas en administración pública, estas diferencias pueden originarse en metodologías distintas de contabilización, cambios en definiciones operativas o rezagos en la consolidación de datos entre diferentes unidades.
En el contexto del IMSS, una institución que atiende a más de 63 millones de derechohabientes regularmente, la atención a población sin cobertura representó un esfuerzo administrativo y financiero considerable. Cada paciente no asegurado implica costos en infraestructura, personal médico, medicamentos y equipo de protección personal que debieron ser absorbidos por presupuestos ya tensionados.
El costo invisible de la equidad sanitaria
La decisión de instituciones públicas de salud de atender a personas sin seguridad social durante emergencias responde a principios humanitarios y constitucionales. México reconoce en su marco legal el derecho a la salud como fundamental. Sin embargo, esta extensión de servicios genera interrogantes financieras legítimas: ¿cómo se financió? ¿Se contempló en presupuestos extraordinarios? ¿Cuál fue el impacto en la sostenibilidad de los servicios para población afiliada?
Otros países de América Latina enfrentaron dilemas similares. En Perú, Colombia y Brasil, las instituciones sanitarias públicas también absorbieron costos no presupuestados por atención a población vulnerable durante la pandemia. Algunos gobiernos posteriores debieron implementar planes de recuperación financiera en estas instituciones.
Transparencia y rendición de cuentas
Desde la perspectiva de la comunicación en salud pública, la claridad sobre estos números es fundamental. No se trata únicamente de cifras administrativas, sino de entender cómo se asignaron recursos públicos durante una crisis. Comunidades académicas y organismos de vigilancia ciudadana han enfatizado que discrepancias entre reportes oficiales y documentación interna erosionan la confianza institucional.
Para El Financiero, medio que reportó esta información, la relevancia radica en que estos datos son de interés público. Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo se emplearon fondos durante una emergencia sanitaria sin precedentes.
Prospectiva institucional
La situación plantea oportunidades de mejora para el IMSS. Una auditoría independiente que clarifique metodologías de conteo, una explicación pública sobre diferencias en cifras y un análisis del impacto financiero contribuirían a la transparencia. Instituciones de salud robustas requieren claridad sobre su situación económica para planificar sostenibilidad futura.
Mientras tanto, la pregunta central persiste: ¿cuál fue realmente el costo de garantizar acceso a salud para quienes no tenían cobertura durante la pandemia? Una respuesta clara beneficiaría tanto a la institución como a la sociedad que la financia.
Información basada en reportes de: El Financiero