Cuando el Estado abandona, la justicia se vuelve ambigua
La resolución que otorga prisión domiciliaria a una mujer mayor acusada de matar a dos personas en Chalco no es simplemente un fallo judicial. Es un espejo incómodo que refleja la realidad de millones de mexicanos: aquellos que viven en territorios donde la seguridad pública es un lujo, donde la presencia estatal se limita a cobrar impuestos y donde defenderse se convierte en un acto de supervivencia que termina penalizado.
El caso de ‘Doña Carlota’ —como se conoce en redes sociales— despierta algo primario en nuestra sociedad: la empatía hacia quien no tiene a dónde recurrir. Una mujer de avanzada edad, viviendo presumiblemente en una zona de alta criminalidad, se enfrenta a quienes pretenden invadir su propiedad. El resultado son dos personas muertas y una adulta mayor procesada por homicidio. Pero esta narrativa simple oculta preguntas mucho más incómodas.
El vacío de seguridad que genera justicia propia
En América Latina enfrentamos un fenómeno recurrente: cuando la seguridad pública colapsa, las comunidades recurren a mecanismos propios de defensa. Desde vigilancias comunitarias hasta enfrentamientos violentos contra delincuentes. México, con sus más de 250,000 homicidios en la última década y tasas de impunidad superiores al 90%, ha normalizado esta dinámica perversa.
Chalco, específicamente, es uno de los municipios del Estado de México más golpeados por la violencia. Zona de tránsito de drogas, territorio disputado por grupos delictivos, población vulnerable. En ese contexto, cualquier persona puede convertirse en blanco. Y cuando las corporaciones policiales no responden —o peor, cuando están coludidas con la delincuencia— los ciudadanos enfrentan un dilema existencial sin salida legal clara.
La decisión del juez de otorgar prisión domiciliaria en lugar de encarcelamiento preventivo es pragmática, casi compasiva. Reconoce una realidad: una mujer adulta mayor no es amenaza para la sociedad, su edad y su contexto sugieren un acto desesperado antes que criminal premeditado. Pero esto no resuelve el fondo del asunto.
La legítima defensa en el papel y en la realidad
Nuestros códigos penales contemplan la legítima defensa. México incluye esta figura en su legislación: quien actúa defensivamente ante una agresión injusta puede eximirse de responsabilidad penal. La teoría es clara. La práctica, en zonas como Chalco, es completamente distinta.
Para que la legítima defensa funcione como protección real, requiere: instituciones de justicia operativas, policía confiable, investigaciones serias, acceso a defensoría legal competente. Requiere, sobre todo, que el Estado esté presente. Cuando todo eso falta, la legítima defensa se convierte en una letra muerta que algunos ciudadanos —usualmente los más vulnerables— pagan con cárcel.
Una adulta mayor que mata a invasores en su hogar enfrenta cargos penales mientras políticos responsables de décadas de negligencia en seguridad pública aún ostentan cargo público. Esa desproporción es lo que realmente debería condenarnos.
El mensaje que enviamos con estas resoluciones
El fallo a favor de ‘Doña Carlota’ es progresista en apariencia, pero debe leerse con sospecha. ¿Es humanitario porque reconoce su edad y contexto, o es admisión de que el sistema no puede —ni sabe cómo— procesar adecuadamente casos donde la víctima y el acusado son producto de la misma negligencia estatal?
Los jueces no crean seguridad. Los fiscales no impiden invasiones. La prisión domiciliaria no devuelve paz a Chalco. Lo que sí hace este caso es convertirse en símbolo de un Estado fracasado que deja que sus ciudadanos se defiendan solos, y luego los procesa por hacerlo.
La pregunta que debe ocuparnos no es si ‘Doña Carlota’ debe estar en prisión. Es por qué llegamos a un punto donde una mujer adulta mayor necesita matar a alguien en su propia casa para sentirse segura. Eso, sí, debería ser criminal.
Información basada en reportes de: El Financiero