Cuando el Estado abandona y criminaliza
En los municipios dormitorio del Estado de México, donde la seguridad pública es un lujo que muchas familias no pueden permitirse, sucede algo que debería avergonzar a cualquier democracia: ciudadanos comunes enfrentan procesos penales por defenderse de criminales, mientras el Estado que no los protegió permanece impasible. Este es el trasfondo real del caso que ha capturado la atención nacional alrededor de una mujer de avanzada edad acusada de acabar con la vida de dos individuos que intentaban invadir su hogar en Chalco.
La decisión de un tribunal federal de otorgarle prisión domiciliaria representa un punto de quiebre importante, pero también expone una realidad incómoda: vivimos en un país donde la legitimidad de la autodefensa se define en juzgados, no en la realidad de barrios donde la policía llega después de que todo termina.
El contexto que los titulares omiten
Para comprender verdaderamente qué está en juego en este caso, debemos mirar más allá del hecho aislado. Chalco es un municipio que ha sufrido durante años una crisis de seguridad casi generalizada. Invasiones de terrenos, robos a viviendas, extorsiones: la lista de delitos que sufren sus habitantes es tan larga como la ausencia de respuesta institucional es palpable. Cuando una persona mayor vive bajo amenaza constante, cuando ha visto vulnerada su vivienda, su patrimonio, su tranquilidad, la decisión de defenderse deja de ser un acto aislado. Se convierte en un acto de supervivencia.
En América Latina, esta historia se repite en diferentes versiones. Desde Brasil hasta Centroamérica, comunidades enteras han aprendido que el Estado no las protege. Y muchas han actuado en consecuencia. Lo que cambia es cómo el sistema judicial responde después.
La trampa de la criminalización preventiva
Aquí radica la paradoja más perturbadora: mientras ciudadanos son procesados por defenderse, los criminales que generan la necesidad de esa defensa operan frecuentemente con impunidad. No es un dilema moral abstracto. Es una pregunta práctica y urgente: ¿quién tiene derecho a la seguridad? ¿Solo quien puede pagarla privatamente?
La decisión de otorgar prisión domiciliaria en este caso sugiere que el juez federal reconoce elementos que el proceso inicial pudo haber pasado por alto: la vulnerabilidad de la acusada, posiblemente las circunstancias de la invasión, el contexto de inseguridad. Pero esta medida, aunque bienvenida, no resuelve el problema estructural. Es un parche en un sistema que está fallando.
¿Defensa legítima o impunidad de facto?
El derecho a la legítima defensa existe en las códigos penales latinoamericanos. Sin embargo, su aplicación es inconsistente y depende, en gran medida, de variables que poco tienen que ver con la justicia: recursos económicos para litigación, acceso a bufetes especializados, visibilidad mediática. Los pobres son criminalizados. Los ricos contratán abogados que transforman homicidios en «accidentes desafortunados».
En el caso de esta adulta mayor, la exposición pública probablemente incidió en que las autoridades judiciales reaccionaran. Pero ¿cuántos casos similares quedan en la oscuridad, con personas pasando años en prisión sin que nadie levante la voz?
Lo que debe cambiar, más allá de este caso
La prisión domiciliaria es un alivio temporal, pero no es justicia. Verdadera justicia sería un sistema donde ciudadanos no necesiten matar invasores porque existe un sistema de seguridad que funciona. Sería una policía preventiva, comunidades seguras, investigación de delitos que trascienda las cifras estadísticas.
Mientras tanto, mientras eso llega (si es que llega), la sociedad mexicana y latinoamericana continúa atrapada en esta trampa: el Estado que no protege criminaliza a quienes se protegen a sí mismos. Y eso, más que cualquier invasión, es el verdadero delito.
Información basada en reportes de: El Financiero