El dilema del efectivo: cuando la tradición se cruza con la modernidad financiera
Existe una grieta incómoda en la economía mexicana que merece más atención de la que recibe. No es una brecha entre ricos y pobres, aunque se relaciona con ella. Tampoco es puramente tecnológica, aunque la tecnología está en el centro. Es, más bien, una división entre quienes pueden o quieren abandonar el billete físico y quienes sienten que no tienen alternativa real.
Cuando el gobierno habla de inclusión financiera y acceso digital, mientras que el sector bancario celebra las transacciones sin contacto, ambos parecen ignorar un dato incómodo: México sigue siendo una economía fundamentalmente basada en efectivo. No por capricho. Por necesidad, costumbre y, frecuentemente, por falta de opciones genuinas.
La brecha entre el discurso y la realidad
El argumento que circula en ciertos círculos es superficialmente atractivo: si más mexicanos usaran métodos digitales de pago, el país podría beneficiarse de menores costos de transacción, mayor trazabilidad, mejor prevención del fraude y un sistema financiero más eficiente. Teóricamente, todo esto es cierto. Pero la realidad es más compleja.
Aproximadamente 56 millones de mexicanos adultos permanecen fuera del sistema financiero formal, según datos recientes del Banco de México. Otra proporción significativa tiene acceso a servicios bancarios básicos pero continúa usando efectivo para la mayoría de sus operaciones cotidianas. No se trata de ignorancia tecnológica ni de nostalgia por los viejos tiempos. Es, en muchos casos, una decisión racional basada en realidades concretas: desconfianza institucional, costos ocultos de servicios bancarios, falta de conectividad en zonas rurales, y una red de comercio informal que funciona exclusivamente en efectivo.
Lo que el sector financiero no menciona
Cuando los bancos promueven fervientemente los pagos digitales, conviene preguntarse qué ganan con ello. La respuesta es importante: reducen costos operacionales, acceden a datos valiosos sobre el comportamiento de consumo, y pueden cobrar comisiones por servicios que antes no existían. No hay nada inherentemente malo en esto, pero es un beneficio empresarial, no necesariamente un beneficio para el usuario promedio.
Para una persona con ingresos bajos, cambiar a un sistema digital puede significar pagar comisiones por cada transacción, perder el control inmediato del dinero que gasta, o quedar expuesta a cobros no autorizados sin recursos reales para disputarlos. El efectivo, aunque parece anticuado, ofrece algo que los sistemas digitales no garantizan: transparencia instantánea y control absoluto.
América Latina como espejo
El fenómeno mexicano no es único en la región. Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos enfrentan retos similares en su transición hacia economías digitales. Sin embargo, hay lecciones valiosas. Algunos países han avanzado más rápidamente no obligando a las personas a digitalización, sino creando sistemas que respeten las necesidades de quienes tienen opciones limitadas y generando confianza genuina en la infraestructura digital.
Una verdad incómoda que no dicen
Tanto el gobierno como la banca tienen interés en acelerar la digitalización, pero por razones diferentes. Para el Estado, significa mayor recaudación, mejor fiscalización y control sobre flujos de dinero. Para la banca, significa reducción de costos y nuevo acceso a datos. Que ambos coincidan en esta visión no significa que sea correcta para la mayoría de los mexicanos.
La pregunta real no es si debe haber más digitalización, sino cómo asegurar que esta transición no deje aún más marginados a quienes ya están fuera del sistema. Mientras no haya respuestas claras a eso, el efectivo seguirá siendo racional. Y los que lo usan no serán obstáculos en el camino, sino víctimas de un sistema que los ignora.
La modernización financiera es necesaria, pero no puede construirse pisoteando a quienes aún no tienen un lugar seguro en él.
Información basada en reportes de: El Financiero