Cuando la seguridad pública falla, ¿quién defiende a los vulnerables?
En los municipios olvidados del Estado de México, donde la presencia estatal brilla por su ausencia y las autoridades locales parecen estar de vacaciones permanentes, suceden historias que desgarran. Una de ellas es la de una mujer de avanzada edad que, en un acto de desesperación y supervivencia, tomó medidas extremas para proteger lo poco que tenía: su hogar, su dignidad, su vida.
Un juzgado federal acaba de resolver que esta persona, conocida públicamente como ‘Doña Carlota’, podrá cumplir su proceso judicial desde su domicilio en lugar de enfrentar prisión preventiva. Detrás de esta resolución hay un reconocimiento implícito: hay situaciones donde la culpabilidad es más compleja que la simple aplicación de la ley penal.
El contexto que nadie quiere ver
Chalco, como muchas periferias urbanas de la región metropolitana de la Ciudad de México, es un territorio donde conviven la pobreza estructural, la ausencia de servicios básicos y una violencia que se ha naturalizado. Es un lugar donde millones de personas despiertan cada día sin la certeza de que podrán completarlo en paz.
Las invasiones de terrenos son síntoma de una enfermedad más profunda: millones de mexicanos sin acceso a vivienda digna, sin créditos bancarios viables, sin programas de regularización que funcionen. Cuando una familia ocupa un terreno sin autorización, generalmente no lo hace por maldad, sino porque el sistema formal de acceso a la propiedad les ha cerrado todas las puertas. Y cuando otros intentan ocupar el mismo espacio mediante la violencia, estamos ante un choque de desesperaciones.
Defensa propia o delito: la trampa moral
El caso de Doña Carlota evidencia una contradicción fundamental en nuestros sistemas de justicia. Tenemos leyes que reconocen el derecho a la legítima defensa, pero aplicadas de manera desigual. Una persona de recursos económicos que mata a alguien en su hogar recibe otra consideración que una adulta mayor pobre. La justicia, se supone, debe ser ciega; la realidad es que parpadea constantemente ante las desigualdades.
¿Cuántas veces hemos escuchado que ‘las personas deben confiar en las autoridades’? ¿En qué autoridades confían quienes viven en zonas donde la policía llega horas después, si es que llega? ¿Qué opción tienen quienes no pueden permitirse sistemas de seguridad privada?
Un fallo que abre puertas, pero también preguntas
La decisión del juez federal de otorgar prisión domiciliaria es, en este contexto, progresista. Reconoce que no todos los casos de homicidio merecen el mismo trato, que la edad avanzada, las circunstancias y el contexto importan. Representa una pequeña victoria para los derechos de quienes históricamente han sido los perdedores en el sistema judicial mexicano.
Pero esta resolución también deja al descubierto lo que falta: una política integral de seguridad ciudadana que proteja a todos, especialmente a los más vulnerables. Programas de prevención del delito que ataquen las raíces de la violencia. Acceso real a justicia reparativa. Políticas de vivienda que dejen de ser promesas de campaña para convertirse en realidad.
Latinoamérica frente al espejo
Este caso trasciende Chalco. En toda Latinoamérica, millones de personas viven en la intersección del abandono estatal y la violencia cotidiana. Guatemala, Honduras, Colombia, Perú: los nombres cambian, pero la historia es similar. Ciudadanos empujados a los márgenes, criminalizados por intentar sobrevivir, enfrentándose entre sí por migajas mientras los beneficiarios del sistema miran desde lejos.
La sentencia sobre Doña Carlota no resuelve esto. Pero simboliza algo importante: que el sistema judicial, aunque lentamente, puede reconocer cuando ha fallado en su deber de proteger. Que las historias de las personas olvidadas finalmente llegan a las cortes.
Reflexión final: seguridad para quién
El verdadero reto no es decidir si una anciana que defiende su hogar merece prisión o no. El reto es construir un país donde ninguna persona, especialmente los adultos mayores, deba convertirse en soldado de su propia supervivencia. Donde la seguridad pública sea realmente pública, donde todos tengamos acceso a justicia y donde la desesperación no sea la brújula que nos guía.
Doña Carlota seguirá en su hogar mientras se resuelve su caso. Es un alivio, pero insuficiente. Porque mientras tanto, en Chalco y en mil lugares más, otras personas enfrentan elecciones imposibles. La verdadera sentencia que México necesita es la de acabar con las condiciones que generan estos dilemas.
Información basada en reportes de: El Financiero