Comerciantes de Tlalnepantla denuncian clausuras arbitrarias y corrupción municipal
TLALNEPANTLA, Méx.- Cientos de comerciantes, trabajadores y empresarios de la industria nocturna en Tlalnepantla se organizan para denunciar lo que califican como una ola de clausuras injustificadas y corrupción por parte de la administración del alcalde Raciel Pérez Cruz.
Los afectados acusan que las autoridades municipales están utilizando inspecciones y actas como herramientas de extorsión y represión, ignorando deliberadamente los permisos oficiales y documentación en regla de negocios establecidos que generan empleos en el municipio.
«La ley no puede ser un arma para asfixiar al que trabaja»
Los denunciantes advierten que detrás de cada bar o restaurante clausurado hay familias que dependen de esos ingresos para subsistir. Señalan que las acciones de la administración municipal representan un ataque directo al derecho constitucional al trabajo.
«La ley debe servir para ordenar, no para asfixiar al que trabaja», expresaron los afectados, criticando que funcionarios municipales alineados con Morena pretenden continuar en el poder mediante lo que califican como corruptelas y abusos de autoridad.
Exigen inspecciones legales y transparentes
Entre las demandas principales de los comerciantes afectados destaca la exigencia de que las inspecciones sean legales, transparentes y desvinculadas de prácticas de extorsión. Insisten en que no permitirán que se juegue con su patrimonio ni con el futuro de sus empleados.
Los denunciantes advierten que no seguirán «bajando la cabeza» ante actas que califican de redactadas con mentiras y abusos por parte del gobierno municipal y sus empleados.
Llamado a la unidad y cambio político
Ante los atropellos denunciados, los afectados hacen un llamado a la unidad entre comerciantes, trabajadores y clientes, pidiendo además a la UVAMUN (Unión de Vehículos de Autotransporte del Municipio) que abandone la desunión para frenar los abusos e injusticias.
Los denunciantes aseguran que todos los dueños de negocios, empleados y clientes afectados deben defenderse activamente de estas prácticas, consideradas como violaciones a sus derechos fundamentales.