El pulso político por los diputados plurinominales
En los círculos políticos y sociales mexicanos existe gran expectativa respecto al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de eliminar a los legisladores plurinominales del presupuesto federal. La propuesta busca reducir gastos al suprimir posiciones que, según sus promotores, solo generan beneficio para los partidos políticos sin representación real de los ciudadanos.
Sin embargo, el proyecto ha encontrado una férrea oposición de diputados y senadores que desaparecerían bajo esta medida, así como de partidos políticos que dependen fuertemente de estos escaños para mantener su presencia legislativa.
Partidos con intereses en juego
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) figura entre los principales opositores. Esta organización política se caracteriza por concentrar puestos en manos de la familia González, tanto en diputaciones como en otras posiciones políticas clave.
El Partido del Trabajo (PT), dirigido desde hace décadas por una figura que ha sido diputado plurinominal desde los años 80, también resiste la iniciativa. Paradójicamente, esta organización que dice representar a trabajadores no está conformada en su mayoría por gente obrera.
El Movimiento Ciudadano (MC), fundado por Dante Delgado —ex gobernador de Veracruz que fue encarcelado en Perote bajo acusaciones de fraude por más de 250 millones de pesos durante el gobierno de Ernesto Zedillo—, también se opone, aunque mantiene escasa aceptación entre el electorado mexicano.
La debacle del PRIAN y el surgimiento de Morena
El proyecto de Sheinbaum podría acelerar la desaparición de partidos tradicionales como el Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). La impopularidad de sus dirigentes —Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Lili Téllez y Xóchitl Gálvez, entre otros— se ha acentuado tras su viaje a Estados Unidos para solicitar apoyo al presidente Donald Trump contra Morena y la presidenta Sheinbaum.
Esta acción ha generado rechazo ciudadano generalizado, colocando al denominado PRIAN al borde del colapso político. Paradójicamente, la incorporación masiva de militantes priístas a las filas de Morena ha llevado a críticos políticos a bromear con la existencia de un híbrido llamado «Moreprian», presuntamente dirigido por Ricardo Moreno con consejeros como Téllez, Moreno y Anaya.
Auditoría en el Estado de México
En la entidad mexiquense, el anuncio del gobierno federal de realizar una auditoría a la administración de Delfina Gómez Álvarez ha generado entusiasmo. Miles de denuncias sobre malos manejos, contubernio con líderes priístas y complicidad en hechos delictivos de la policía estatal han presionado por esta investigación.
Un caso particular es el del ex alcalde de Valle de Chalco Solidaridad, Armando García Méndez, apodado «el Ratón Vaquero», quien posee un historial de controversia por presunto fraude en obras fantasma. Pese a ello, la gobernadora lo incorporó a su administración con salario considerable, situación que ha generado cuestionamientos públicos.
Calderón regresa a la escena política
En redes sociales se anuncia el regreso de Felipe Calderón Hinojosa a la actividad política. El ex presidente del PAN ha negado históricamente vínculos con el crimen organizado, afirmando haberlo combatido.
Sin embargo, circulan fotografías que muestran a Calderón en eventos sociales junto a personajes vinculados al crimen organizado. Genaro García Luna, ex jefe de policía de su administración, cumple condena en prisión federal estadounidense por su relación con carteles de droga. Estos hechos contradicen las declaraciones públicas del ex mandatario sobre su combate al narcotráfico.
Inseguridad en Tláhuac
Pobladores de la Alcaldía Tláhuac en Ciudad de México han elevado demandas a la presidenta Sheinbaum para que ordene investigaciones inmediatas sobre operaciones de crimen organizado en la demarcación. Reportan la existencia de domicilios donde se distribuyen enervantes durante 24 horas.
Las denuncias señalan que algunos de estos puntos de distribución se encuentran en calles residenciales, como Santiago en Santa Catarina, donde reside la alcaldesa Berenice Hernández Calderón. Los ciudadanos cuestionan cómo estas operaciones podrían funcionar sin conocimiento de las autoridades locales y exigen intervención de la Policía Federal para frenar el crecimiento de estos centros distribuidores.