La parálisis silenciosa de la educación superior mexicana

México enfrenta una paradoja educativa que define el presente y compromete el futuro. Por un lado, existe demanda feroz de jóvenes por acceder a educación superior; por otro, las instituciones públicas responden con incrementos tan modestos que parecen más un gesto simbólico que una solución real. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las instituciones más importantes del país, ilustra perfectamente este desajuste al proponer la incorporación de apenas 755 espacios adicionales en sus programas de licenciatura, equivalente a nueve estudiantes más por carrera.

El número es casi ofensivo en su pequeñez. Nueve lugares por licenciatura. Para comprender el alcance de esta cifra, basta considerar que en universidades latinoamericanas como la UNAM o el Tecnológico de Monterrey, los exámenes de admisión convocan a decenas de miles de aspirantes compitiendo por espacios que continúan siendo insuficientes. La presión demográfica es innegable: México tiene aproximadamente 8 millones de jóvenes en edad de cursar educación superior, pero apenas 3.5 millones están matriculados. La brecha no es un problema estadístico; es una barrera de oportunidad que perpetúa desigualdades.

Contexto de una crisis sistemática

Esta insuficiencia no es exclusiva de la UAM ni de México. Desde Argentina hasta Colombia, pasando por Perú y Brasil, las universidades públicas enfrentan presiones similares: incremento poblacional, demanda social creciente, y presupuestos estatales que no acompañan. Sin embargo, mientras otros países han apostado por expansión —creando nuevas instituciones, modalidades virtuales, o programas de educación técnica superior integrada— México ha optado por una especie de austeridad educativa que limita el crecimiento al mínimo sostenible.

La UAM, fundada en 1974 como respuesta a la saturación de la UNAM, fue concebida como una institución descentralizada que democratizara el acceso. Décadas después, enfrenta los mismos problemas que originaron su creación. La institución tiene tres campus (Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco) y es un referente en investigación y docencia de calidad. Pero la calidad sin acceso es un privilegio, no un derecho educativo.

El costo político y social del estancamiento

Cuando una institución propone crecer 755 lugares en un país donde cientos de miles de jóvenes se quedan sin acceso a educación superior, el mensaje implícito es perturbador: las universidades públicas ya no están pensadas para ser masivas. Esto ocurre en un contexto donde la privatización de la educación superior ha avanzado significativamente. Mientras las públicas acotan su crecimiento, instituciones privadas—muchas de dudosa calidad académica—expanden sus matriculaciones sin regulación adecuada.

El resultado es una segmentación peligrosa: los jóvenes con recursos económicos acceden a opciones privadas; los de menores ingresos quedan fuera del sistema formal de educación superior o se matriculan en instituciones de baja calidad. Esto no solo perpetúa desigualdades sino que limita la movilidad social, amplía la brecha salarial futura y debilita la competitividad del país en economías basadas en conocimiento.

¿Qué necesita México realmente?

La propuesta de la UAM, aunque insuficiente, debe evaluarse dentro de sus limitaciones reales. Las universidades públicas enfrentan restricciones presupuestarias severas, envejecimiento de infraestructura y, en muchos casos, falta de personal académico. Expandir sin recursos es ampliar la precariedad. Pero aquí reside la verdadera responsabilidad política: corresponde al gobierno federal garantizar que la educación superior sea un derecho, no un lujo.

Otros modelos regionales son instrucciones. Uruguay ha mantenido tasas de cobertura superiores al 60% en educación superior mediante inversión pública sostenida. Argentina, a pesar de sus crisis, ha preservado la gratuidad y acceso en universidades públicas. Incluso en Chile, donde predomina el modelo privatista, existen debates sobre expandir opciones públicas.

Un llamado a la reconfiguración

No se trata solo de agregar 755 lugares. Se trata de repensar la educación superior pública mexicana: expandir modalidades virtuales y semipresenciales, crear instituciones regionales en zonas desatendidas, fortalecer la educación técnica superior como alternativa valiosa, e invertir presupuestariamente de manera que sea proporcional a la demanda social. La crisis de acceso a educación superior no se resuelve con incrementos cosméticos; requiere visión de largo plazo y compromiso político real.

La UAM seguirá siendo una institución importante. Pero mientras sus espacios permanezcan limitados, mientras los números de crecimiento propuesto sean tan modestos, el mensaje seguirá siendo claro: la educación superior pública mexicana está en modo de gestión, no de transformación. Y en educación, la gestión de la crisis es apenas el piso mínimo. Lo que México necesita es ambición renovada.

Información basada en reportes de: Jornada.com.mx