El dilema de la solidaridad selectiva: cuando la indignación se vuelve política
Existe una tensión incómoda en los movimientos por derechos humanos contemporáneos que raramente se nombra con claridad. Ocurre cuando la indignación se dosifica según conveniencias políticas, cuando la compasión tiene calendario y geografía selectiva. Esta semana, una provocación pública ha vuelto a sacudir esta llaga: la pregunta de por qué ciertos sufrimientos merecen movilizaciones masivas mientras otros transcurren en silencio.
No se trata de un debate nuevo. Desde hace décadas, académicos y activistas denuncian la inconsistencia moral de Occidente al juzgar violaciones de derechos según qué país las perpetra. América Latina conoce bien esta hipocresía. Hemos visto cómo represiones documentadas en nuestro continente generaban menos indignación internacional que las mismas prácticas en otras regiones geopolíticamente relevantes.
La brecha entre el discurso y la acción
Cuando se critican los «discursos convenientemente progresistas» sin sustancia real, se apunta a un fenómeno real: la distancia entre lo que se proclama en manifestaciones masivas y lo que se hace institucionalmente para remediarlo. ¿Cuántas resoluciones en organismos internacionales han derivado en acciones concretas? ¿Cuántas denuncias sobre torturas sistemáticas han resultado en sanciones efectivas?
La ironía es que la pregunta retórica sobre justicia internacional para mujeres perseguidas en regímenes autoritarios es válida. No porque deslegitima la lucha por derechos en espacios democráticos, sino porque expone una verdad incómoda: los mecanismos internacionales funcionan desigualmente según intereses geopolíticos. Las mujeres de Irán, Afganistán o Myanmar merecen más que discursos. Merecen presión diplomática real, sanciones económicas, apoyo a organizaciones clandestinas de defensa de derechos.
Lo que la provocación no dice
Sin embargo, quien plantea estas preguntas a menudo omite un matiz crucial: es posible exigir protección efectiva para perseguidas en regímenes autoritarios Y simultáneamente trabajar por igualdad de género en democracias. No son objetivos contradictorios. Son complementarios.
Lo problemático no es que se marchifique por mujeres afganas o iraníes. Lo problemático sería que esa indignación fuera selectiva: que solo importaran cuando resulta conveniente políticamente, que desaparecieran de la agenda apenas pasa la fecha simbólica.
Una perspectiva desde América Latina
En nuestro continente experimentamos esta contradicción de frente. Hemos tenido gobiernos que denunciaban persecución en el extranjero mientras torturaban en casa. Movimientos sociales que marchaban por derechos universales pero guardaban silencio ante abusos perpetrados por aliados ideológicos. Es el precio de permitir que la política partidaria colonice la ética.
Las mujeres latinoamericanas, víctimas de desapariciones, femicidios y represión, también esperan que su causa no sea instrumento de competencia política. Que cuando se hable de violencia de género, se hable sin hipocresía: denunciando dictaduras lejanas y también gobiernos cercanos que protegen agresores.
Hacia una coherencia necesaria
El desafío no es elegir entre solidaridades. Es exigir coherencia. Que quienes claman por justicia internacional realmente presionen en organismos multilaterales. Que gobiernos que critican represiones en otros países cesen con complicidades encubiertas. Que los movimientos por derechos no se vuelvan espectáculos calendarios.
La pregunta incómoda sigue en pie: ¿qué hacemos realmente por esas mujeres cuyas libertades nos preocupan solo una vez al año? La respuesta requiere menos discursos biensonantes y más acciones que causen incomodidad a los poderes que toleramos.
Información basada en reportes de: Elespanol.com