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Denuncian extorsiones y torturas en penal Bordo de Xochiaca

Familiares de internos acusan que la directora del reclusorio en Nezahualcóyotl tolera un sistema de explotación económica y violencia física sin respuesta de autoridades.
Denuncian extorsiones y torturas en penal Bordo de Xochiaca

Familiares denuncian torturas y extorsiones sistemáticas en penal de Nezahualcóyotl

Internos del reclusorio Bordo de Xochiaca, ubicado en Nezahualcóyotl, son víctimas de un esquema de extorsión y violencia física que opera sin consecuencias, según denuncias presentadas por familiares de los reclusos ante autoridades federales y estatales.

Acusaciones contra la directora

Los denunciantes señalan que Merly Ingrid Cuellar Romero, directora del penal y conocida como «La Buitre», toleraría y permitiría estas prácticas. Según los relatos de familias de internos, la funcionaria habría declarado ser «intocable», aparentemente con fundamento en que ninguna autoridad ha intervenido pese a las denuncias.

«Las golpizas ya han dejado varios reclusos muertos y ninguna autoridad ha investigado el motivo de esos asesinatos», señalan los denunciantes en referencia a muertes ocurridas al interior del penal.

Sistema de extorsión y tortura

De acuerdo con los familiares, un grupo de internos identificados como Kevin, Cholo, Malvin y otros actúan bajo las órdenes de la directora para imponer un sistema de cuotas económicas semanales. Quienes se niegan a pagar son sometidos a golpizas severas.

«Dentro del presidio los reclusos son víctimas de los peores tratos físicos», describen los denunciantes, quienes afirman que tras presentar denuncias iniciales, las cuotas incrementaron y la violencia se agravó.

Denuncias sin respuesta

Los familiares han presentado escritos dirigidos a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Moreno Álvarez, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta la fecha, reportan no haber recibido respuesta favorable ni intervención de las autoridades.

El caso pone en evidencia problemas de control y supervisión en el sistema penitenciario estatal, donde denunciantes aseguran que la directora opera con impunidad mientras sus subordinados ejecutan torturas y extorsiones contra una población vulnerable como la de reclusos sin poder de defensa.

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