Cuando la prosperidad económica no alcanza para un hogar
En las últimas semanas, un alto funcionario de gobierno pronunció palabras que resonaron más allá de los pasillos ministeriales: resulta vergonzoso que una nación con indicadores económicos cercanos a los 35 mil dólares por habitante conviva con miles de personas sin acceso a una vivienda digna. Esta declaración, lejos de ser un lamento aislado, expresa una realidad que atraviesa a buena parte de América Latina y refleja una de las contradicciones más profundas de nuestras sociedades contemporáneas.
La vivienda, reconocida internacionalmente como derecho humano fundamental, sigue siendo un lujo inalcanzable para millones. En México, como en Chile y otros países de la región, el crecimiento del Producto Interno Bruto no se traduce automáticamente en acceso igualitario a un techo. Los números macroeconómicos pueden lucir saludables en reportes oficiales, mientras en las comunidades la gente sigue durmiendo en la calle, en viviendas precarias o en hacinamiento.
Las grietas del modelo desarrollista
Durante años, gobiernos de distintos matices han prometido resolver esta crisis. Se han lanzado planes de emergencia, se han trazado ambiciosos objetivos de construcción, se han movilizado recursos públicos. Sin embargo, la brecha persiste. Esto no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas estructurales que priorizan la vivienda como mercancía antes que como derecho.
El modelo de desarrollo latinoamericano ha tendido a concentrar recursos en sectores específicos, generando riqueza que fluye hacia pocos beneficiarios. La construcción, paradójicamente, se ha convertido en un negocio para desarrolladores privados, mientras el Estado se retira de su rol de garante de derechos. Las deudas acumuladas con constructoras, los convenios cuestionados, los proyectos incompletos: todos son síntomas de un sistema que priorizó ganancias sobre personas.
Voces desde las comunidades
Quienes viven esta realidad cotidianamente cuentan historias distintas a las que aparecen en los reportes económicos. Familias que pagan rentas exorbitantes en relación con sus ingresos, jóvenes parejas que nunca podrán acceder a una hipoteca, comunidades enteras en asentamientos informales donde el agua y la luz llegan con cuentagotas. Para ellos, los números del crecimiento económico suenan tan lejanos como una promesa incumplida más.
En México, esta tensión es particularmente aguda. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergan a millones de personas, pero la oferta de vivienda accesible no crece al ritmo de la demanda. Especuladores compran terrenos esperando revalorización; constructoras desarrollan proyectos para sectores de altos ingresos; el suelo urbano se vuelve cada vez más escaso y caro. Mientras tanto, los trabajadores, los migrantes, las familias de ingresos medios-bajos quedan afuera del mercado formal.
Lecciones de transiciones políticas
Cuando funcionarios de largo trayecto político abandonan sus cargos, a menudo realizan balances públicos de su gestión. Algunos reconocen lo no alcanzado con más honestidad que otros. Estos momentos son valiosos porque permiten visibilizar las limitaciones sistémicas que enfrentan incluso gestiones bien intencionadas. Las crisis de financiamiento, los conflictos con sectores empresariales, las presiones presupuestarias: todo conspira contra la capacidad de garantizar vivienda para todos.
Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿es un problema de insuficiente voluntad política, de recursos limitados, o de un modelo económico que simplemente no prioriza este derecho? La respuesta, probablemente, incluya un poco de cada cosa. Sin embargo, lo que no puede alegarse es ignorancia. Se sabe qué falta. Se conocen las causas. Lo que falta es coraje político para transformaciones profundas.
Hacia otros horizontes posibles
Algunos gobiernos y organizaciones comunitarias han ensayado alternativas: vivienda social construida directamente por el Estado, cooperativas habitacionales, regulación de precios de renta, recuperación de suelo urbano para fines colectivos. Estos esfuerzos demuestran que otras formas son posibles, aunque enfrentan resistencias poderosas de sectores económicos que lucran del status quo.
La vergüenza mencionada por el ministro es legítima. Pero la vergüenza debe transformarse en responsabilidad. Los próximos gobiernos, en México y en toda Latinoamérica, deben entender que una nación verdaderamente desarrollada no es aquella con mayor PIB per cápita, sino aquella donde cada persona tiene un lugar seguro donde habitar, donde descansar, donde construir vida. Hasta que eso no sea realidad, los números económicos seguirán siendo, para millones, una ficción lejana.
Información basada en reportes de: Www.df.cl