Cuando el dinero define destinos: México ante su presupuesto 2027
En las próximas semanas, México vivirá uno de esos momentos donde las cifras dejan de ser números abstractos para convertirse en realidad tangible en las aulas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una fecha límite ineludible para presentar el Paquete Económico y el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) correspondiente a 2027. Detrás de esa formalidad administrativa yace una pregunta fundamental: ¿qué país queremos ser?
«Gobernar es elegir», reza el adagio político que resume la esencia del ejercicio presupuestal. Y tiene razón. Cada peso asignado a educación es un peso no destinado a otro rubro; cada recurso invertido en infraestructura escolar representa prioridades claramente definidas. En un contexto donde México enfrenta desafíos educativos de envergadura —deserción escolar, brecha digital persistente, calidad desigual según región—, estas decisiones financieras no son tecnicismos de funcionarios, sino determinantes del futuro de millones de estudiantes.
El contexto: educación bajo presión fiscal
México lleva años navegando tensiones presupuestales complejas. La pandemia de COVID-19 aceleró crisis que ya existían: instituciones educativas con infraestructura deteriorada, docentes con salarios rezagados, tecnología educativa desigualmente distribuida. Mientras tanto, organismos internacionales como la OCDE han señalado repetidamente que la inversión educativa mexicana, aunque ha crecido nominalmente, sigue siendo insuficiente comparada con pares latinoamericanos.
Chile, Colombia y Argentina han experimentado sus propias convulsiones presupuestales, pero cada una ha tomado decisiones distintas respecto a educación. Algunos gobiernos aumentaron el porcentaje del PIB destinado a este sector durante crisis económicas, apostando por que la educación es inversión a largo plazo, no gasto corriente. Otros, lamentablemente, hicieron recortes que profundizaron desigualdades ya existentes.
La pregunta incómoda: ¿qué prioridades revelan nuestros presupuestos?
Cuando lleguemos a 2027, un análisis honesto del PEF revelará mucho sobre las prioridades reales del país, más allá de los discursos. ¿Habrá recursos suficientes para actualizar currículos hacia competencias del siglo XXI? ¿Se invertirá en formación docente continua, especialmente en áreas rurales? ¿Qué presupuesto recibirán universidades públicas frente a presiones inflacionarias? ¿Habrá fondos para cerrar la brecha digital en comunidades marginadas?
Estas no son preguntas menores. Definirán si miles de estudiantes mexicanos tendrán acceso a educación de calidad o si la desigualdad educativa continuará reproduciendo ciclos de pobreza y exclusión.
Innovación con restricciones: ¿es posible?
Una de las tensiones más interesantes en el debate educativo actual es la pregunta sobre innovación en contextos de austeridad. ¿Puede innovarse sin dinero? Parcialmente. Experiencias en América Latina demuestran que creatividad pedagógica, colaboración entre docentes y uso estratégico de tecnología abierta pueden compensar limitaciones presupuestales. Pero solo hasta cierto punto. Sin inversión en infraestructura básica, en capacitación docente y en acceso tecnológico equitativo, la innovación se convierte en privilegio de pocos.
Lo que debe suceder: propuestas concretas
Frente a esta encrucijada, algunas propuestas merecen consideración seria:
Primero, un presupuesto educativo que crezca real y sostenidamente, no solo en números nominales. México debería aproximarse al 8% del PIB destinado a educación, estándar que países como Costa Rica y Uruguay ya alcanzan.
Segundo, diferenciación territorial explícita. Zonas rurales y comunidades indígenas requieren inversión adicional para cerrar brechas históricas, no distributivos iguales que profundizan desigualdades.
Tercero, flexibilidad presupuestal para experimentación pedagógica. Los centros escolares necesitan cierta autonomía para adaptar recursos a contextos locales, no rigidez burocrática que desmoraliza innovadores.
Cuarto, transparencia radical. Mexicanos tienen derecho a entender cómo se gasta cada peso educativo, dónde van los recursos y qué resultados generan.
El llamado a la sociedad civil
No corresponde solo a funcionarios esta decisión. Padres de familia, maestros, investigadores educativos, estudiantes mismos: todos tienen voz en cómo debe distribuirse el dinero público para educación. Las próximas semanas son momento para que organizaciones de la sociedad civil presenten propuestas fundadas, que ciudadanía exija rendición de cuentas, que académicos señalen con claridad qué dice la evidencia sobre dónde debe invertirse.
Conclusión: la educación como acto de fe en el futuro
Cuando la Secretaría de Hacienda presente el presupuesto 2027, no estará simplemente distribuyendo dinero. Estará haciendo una apuesta sobre qué tipo de México queremos. Una donde la educación es derecho garantizado para todos, o una donde continúa siendo privilegio de quien puede pagarlo. Una donde la innovación pedagógica florece, o una donde maestros gastan energía en sobrevivir presupuestalmente. Una donde creemos en jóvenes mexicanos, o una donde los abandonamos a su suerte.
Gobernar, efectivamente, es elegir. El tiempo para incidir en esas elecciones es ahora.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx