El escudo de Morena frente a los señalamientos de corrupción
Políticos morenistas intensifican una estrategia defensiva contra acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada y corrupción, señalados por Estados Unidos a través del retiro de visas diplomáticas. En lugar de responder con hechos, utilizan discursos que buscan posicionar a sus figuras clave como víctimas de una persecución política.
El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió públicamente que no se toquen al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras la senadora Ana Lilia Rivera argumenta que existen sectores que intentan «acabar» con el exmandatario porque representa un obstáculo para sus intereses. Sin embargo, estos discursos defensivos no responden a las preguntas concretas sobre la gestión pública.
Un legado cuestionado: proyectos costosos y poco efectivos
Durante la administración anterior se ejecutaron obras que generan debate sobre su utilidad real. El Tren Maya afectó ecosistemas ancestrales del sureste mexicano con costos de operación superiores a sus beneficios. El rescate de una aerolínea no rentable, un aeropuerto que costó tres veces su presupuesto original, una refinería que continúa consumiendo recursos de Pemex sin resultados óptimos, y la fallida «megafarmacia» destinada a distribuir medicamentos son ejemplos que ciudadanos citan como mal uso de recursos colectivos.
A esto se suma la promesa de una vacuna que nunca llegó y el compromiso de combatir la corrupción que, según críticos, no solo se incumplió sino que se potencializó. La inversión en programas sociales en países como Venezuela y Cuba, financiados con dinero público mexicano, tampoco mostró resultados tangibles para sus poblaciones.
El dilema de la alternancia política
La crítica también alcanza a la oposición. El PRI, históricamente asociado con corrupción, perdió credibilidad tras sexenios de mal gobierno. El PAN, señalado como un partido derechista que privilegió intereses económicos sobre el bienestar social, también enfrentó acusaciones de corrupción. Partidos menores se convirtieron en rémoras de los grandes, sin propuestas genuinas de cambio.
Este panorama genera un dilema para los ciudadanos: sin alternativas claras y creíbles, Morena mantiene su hegemonía no por ser exceptcionalmente capaz, sino porque la oposición carece de diferenciación. Como señala el análisis, «frente a los morenistas no se ve a nadie quien haga la diferencia».
¿Y las gobernantes mujeres?
La apuesta por liderazgos femeninos tampoco ha significado cambios sustanciales. Gobernadoras como Clara Brugada en Ciudad de México, Marina del Pilar en Baja California, Delfina Gómez en el Estado de México, Evelyn Salgado en Guerrero, Mara Lezama en Quintana Roo, Layda Sansores en Campeche y Rocío Nahle en Veracruz, así como diversas presidentas municipales, han enfrentado críticas sobre su gestión que no se alinea con las expectativas de cambio social.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que prometió que «era tiempo de las mujeres», encuentra obstáculos internos que limitan su capacidad de gobierno en favor del interés colectivo, revelando que el género no garantiza una desviación de los intereses de grupo que históricamente han caracterizado a la política mexicana.
El fondo del problema: justicia inexistente
El verdadero problema radica en un sistema de justicia que funciona como «letra muerta». Sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, los funcionarios públicos —sin importar su partido— actúan con impunidad. El requisito no escrito para prosperar en política parece ser formar parte de redes de corrupción e intereses personales.
Mientras Morena consolida triunfos electorales con discursos defensivos y la oposición permanece fragmentada e increíble, la sociedad sigue esperando que alguien rompa el ciclo. Por ahora, sin alternativas claras y con un sistema de justicia inoperante, la apuesta a cualquier candidato es una apuesta al vacío.
«La corrupción es la manera de la naturaleza de restaurar nuestra fe en la democracia» —Peter Ustinov