Michoacán reanuda exportación de aguacate a EE.UU. entre presiones criminales
La reactivación de los envíos de aguacate desde Michoacán hacia Estados Unidos representa un respiro económico para la región productora más importante de México. Sin embargo, detrás de la celebración de empresarios aguacateros subyace una realidad compleja: la normalización de extorsiones criminales como un gasto más dentro de la estructura de costos de la industria.
Un reinicio condicionado por la violencia
La reanudación de las exportaciones marca el fin de una restricción que había afectado significativamente a los productores michoacanos. No obstante, las declaraciones de alivio de algunos empresarios revelan un aspecto inquietante del contexto actual: la aceptación implícita de pagos coercitivos a grupos delictivos como parte del precio de hacer negocios en la región.
Este fenómeno no es exclusivo de Michoacán ni de la industria aguacatera. A lo largo de América Latina, desde Colombia hasta Perú, productores agrícolas han reportado situaciones similares donde la extorsión se convierte en un componente más de la cadena de producción, afectando márgenes de ganancia y viabilidad a largo plazo de emprendimientos legales.
Contexto de la violencia en Michoacán
Michoacán ha enfrentado durante años la disputa entre grupos criminales por el control territorial y el dominio sobre actividades económicamente rentables como la producción y comercialización de aguacate. La participación de organizaciones delictivas en esta cadena productiva se intensificó durante la última década, generando un entorno de inseguridad que afecta tanto a productores como a trabajadores.
Las autoridades estatales y federales han implementado operativos de seguridad en regiones productoras, pero el resultado ha sido mixto. Mientras algunos reportes señalan una reducción de ciertos tipos de delitos, otros datos indican que los cobros extorsivos persisten, frecuentemente con una estructura que emula sistemas de «protección» donde los pagos garantizan la ausencia de violencia directa.
La normalización de lo anormal
Que empresarios mencionen pagos irregulares como parte de costos operativos refleja la adaptación económica a un entorno deteriorado. Este mecanismo de «normalización» es particularmente preocupante porque desactiva presiones sobre autoridades para resolver problemas de seguridad de raíz, consolidando en su lugar una economía informal paralela controlada por actores ilegales.
En otros contextos latinoamericanos, esta dinámica ha generado ciclos difíciles de romper. Cuando negocios legales asumen costos de delincuencia, pierden competitividad frente a estructuras donde los criminales participan directamente en la operación, incentivando mayor penetración de grupos delictivos en cadenas productivas.
Implicaciones comerciales y sociales
La reanudación de exportaciones es positiva para la economía regional y nacional. El aguacate representa ingresos significativos en divisas y empleos en Michoacán. Sin embargo, si estos beneficios se distribuyen de manera que incluye subsidios forzados a grupos criminales, el modelo de desarrollo resulta insostenible y refuerza estructuras de violencia.
Para productores pequeños y medianos, el impacto es aún más severo. Mientras grandes empresas pueden absorber estos costos en sus márgenes, operaciones menores quedan expuestas a quiebra o absorción por actores con protección criminal, concentrando aún más la industria.
Perspectiva institucional
Las autoridades michoacanas han reconocido públicamente los desafíos de seguridad en zonas productoras. Organismos como la Procuraduría Estatal y dependencias federales han coordinado acciones contra grupos dedicados a la extorsión. No obstante, los resultados medibles siguen siendo limitados, sugiriendo que estrategias orientadas únicamente a represión sin soluciones integrales resultan insuficientes.
Comparativamente, en regiones donde se han implementado estrategias combinadas de presencia estatal, justicia expedita contra extorsionadores, y programas de fortalecimiento económico alternativo, se han observado mejoras más sostenibles.
Hacia adelante
La celebración por el reinicio de exportaciones es justificada. Sin embargo, debe acompañarse de políticas que erradiquen la extorsión, en lugar de normalizarla. Esto requiere coordinación entre gobiernos estatales y federales, sector privado y sociedad civil para construir un entorno de seguridad que permita que el crecimiento económico beneficie genuinamente a la región y su población.
Información basada en reportes de: El Financiero