Extorsión y complicidad: la inseguridad que gobiernos presumen controlar
Una menor de 12 años perdió la vida el fin de semana pasado cuando sujetos armados dispararon contra un camión de pasajeros en la ruta México-Texcoco. El ataque, perpetrado con el objetivo de extorsionar a choferes, también dejó heridas a la madre de la niña y al conductor del vehículo. El hecho ha encendido la indignación no solo de trabajadores del transporte, sino de la sociedad entera que clama por justicia y acciones efectivas contra la inseguridad.
El discurso vs. la realidad
Las autoridades continúan presumiendo índices bajos de delincuencia y afirmando que trabajan para garantizar mayor seguridad. Sin embargo, los hechos contradicen estas promesas. La muerte de la menor en la ruta México-Texcoco, sumada a otros crímenes recientes en zonas como los volcanes y el Valle de México, evidencia una realidad que las cifras oficiales no reflejan.
La gobernadora del Estado ha reiterado constantemente que se realizan acciones efectivas de seguridad, particularmente a través del Mando Único establecido en el Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, los resultados no son visibles para la población que vive el día a día de la inseguridad.
Extorsión sistemática en transporte público
Choferes y líderes del servicio público concesionado enfrentan extorsión constante, un delito que operan grupos delictivos sin que aparentemente se tomen medidas decisivas. Este patrón se repite en municipios como Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Texcoco y Nezahualcóyotl, donde los índices delictivos han ascendido significativamente.
Aunque algunas autoridades municipales reportan mejoras en la percepción de seguridad, esta métrica no coincide con la realidad que viven los ciudadanos. Puntos de venta de drogas persisten, casas clandestinas funcionan sin restricción, y la presencia policial parece más orientada a la corrupción que a la protección.
La complicidad sistémica
La persistencia de la delincuencia apunta hacia un problema más profundo: la complicidad institucional. Reportes de ciudadanos sobre actividades ilícitas resultan en poco o nada. Locales clandestinos funcionan libremente mientras policías y patrulleros pasan de largo, aparentemente compensados por el silencio.
Casos como los de sobredosis en estas casas no son investigados ni cerrados. El dinero que fluye de estas actividades evidentemente beneficia a múltiples niveles de la estructura institucional, desde los agentes en calle hasta los jefes que extienden la mano para recibir su parte. Mientras tanto, la ciudadanía sufre no solo económicamente, sino con pérdidas humanas.
¿Qué falta para el cambio?
Es innegable que recursos limitados representan un desafío para combatir la inseguridad. Sin embargo, las autoridades deberían ser honestas respecto a estas limitaciones y generar alternativas reales. En lugar de ofrecer herramientas a la sociedad para contribuir a su propia seguridad, los gobiernos mantienen un discurso de control que no se materializa.
Cuando ciudadanos denuncian, la respuesta es nula. Cuando prometen cambio, la realidad demuestra lo opuesto. Los gobiernos estatal y municipal que proclaman ser diferentes han resultado, en muchos casos, iguales o peores que sus antecesores.
La pregunta incómoda
¿Qué ha logrado el Mando Único? La inseguridad no se ha detenido ni reducido. La extorsión continúa afectando todas las actividades económicas. Mientras los gobiernos en sus tres niveles no hagan lo que deben y no demuestren voluntad real de escribir una historia diferente, seguirán siendo señalados como cómplices de la delincuencia.
Como señala el analista Diego Enrique Osorno: «El crimen organizado se nutre de las estructuras del Estado». Sin cambios estructurales y acciones concretas, las promesas de seguridad seguirán siendo solo eso: promesas incumplidas que la sociedad paga con su vida.