Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el crimen organizado mexicano
Estados Unidos vuelve a endurecerse en sus señalamientos contra la política interna de seguridad del país y lanza nuevas advertencias a funcionarios públicos que colaboren con la delincuencia organizada. Como muestra de su determinación, ha aumentado las recompensas ofrecidas por información que lleve a la captura de líderes criminales, especialmente del hijastro del Mencho, presunto cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El CJNG: una organización de alcance global
El CJNG se ha consolidado como uno de los cárteles más grandes y violentos del país. Con presencia en todas las entidades federativas y aparentemente en 30 países, se ha convertido en una de las organizaciones criminales con mayor influencia internacional. Su poder no se limita al tráfico de drogas: sus tentáculos se extienden hacia el robo de combustible, trata de personas y diversos delitos, financiados con estructuras empresariales complejas que generan ganancias sustanciales.
Lo más preocupante es su vinculación directa con autoridades políticas y funcionarios gubernamentales, que les proporcionan protección a cambio de recursos económicos. Esta simbiosis ha convertido al crimen organizado en una verdadera empresa multinacional, con tal alcance que algunos analistas la consideran el tercer empleador del país.
¿Qué hace el gobierno mexicano?
Mientras Estados Unidos despliega su ofensiva, surge una pregunta incómoda: ¿cuál es la estrategia del gobierno que preside la presidenta Claudia Sheinbaum? Hasta ahora, las acciones implementadas no han logrado garantizar mayor seguridad a la población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que la percepción de inseguridad en la sociedad sigue siendo alta.
La Ciudad de México ejemplifica esta problemática. Bajo la administración de Claudia Brugada, registra promedios altos de homicidios mensuales. Las autoridades locales atribuyen la violencia a entidades vecinas, pero la realidad muestra un pandillerismo interno significativo, con grupos que se disputan el control del territorio y los mercados delictivos en diferentes alcaldías.
La justicia: el eslabón débil del sistema
Lo que más duele a la ciudadanía es la falta de justicia efectiva. Delincuentes son detenidos, pero los procesos judiciales resultan cortos, lentos e insuficientes. Las cárceles del país funcionan más como espacios de convivencia que como instituciones de rehabilitación, donde muchos continúan operando sus organizaciones desde adentro.
La ausencia de justicia real genera desconfianza institucional y debilita el combate a la delincuencia. Paralelamente, falta una apuesta seria por políticas de prevención que ataquen las raíces del problema: pobreza, educación deficiente y falta de oportunidades. Estos factores, junto con la impunidad, crean el caldo de cultivo perfecto para que la criminalidad prospere.
El dilema de la injerencia externa
En este escenario de debilidad institucional, la intervención estadounidense se vuelve inevitable. Washington utiliza la seguridad social como pretexto para ejercer presión diplomática e influencia política, lo que genera fricciones entre gobiernos pero también pone en evidencia la incapacidad local.
Para revertir esta tendencia, México tendría que implementar cambios estructurales profundos: fortalecer la justicia penal, combatir la corrupción sin contemplaciones y desarrollar políticas integrales de prevención del delito. Sin embargo, esto requeriría que el gobierno actual actúe contra intereses establecidos y estructuras clientelares, algo que parece difícil de concretar.
Mientras esto no suceda, la presión externa continuará siendo la fuerza determinante en la agenda de seguridad mexicana, limitando la soberanía y dejando a la población sin la protección que requiere.
«La seguridad perfecta no existe, solo hay diferentes niveles de inseguridad». — Salman Rushdie