La masacre de Zacatecas: cuando el crimen organizado amenaza al poder político
Los hechos ocurridos en Zacatecas días atrás conmocionaron al país y pusieron en evidencia una realidad incómoda: la delincuencia se encuentra enquistada en todas las estructuras de poder. La ejecución de diez personas —entre funcionarios, ex funcionarios y empresarios— atribuida a un grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, no fue un acto aislado, sino un mensaje directo al gobernador David Monreal, respaldado por un video amenazante que dejó clara la magnitud del desafío.
Lo que sorprende no es solo la violencia desatada, sino el cinismo de la respuesta gubernamental. Después de varios días, el gobernador prometió combatir la delincuencia y aseguró que los actos no quedarían impunes. Palabras que suenan huecas en un contexto donde la pregunta real es otra: ¿hasta dónde llega la complicidad institucional?
El dilema de la credibilidad: ¿amenaza o ajuste de cuentas?
En el crimen organizado mexicano, las amenazas rara vez quedan en amenazas. Actúan. Y cuando actúan de esta manera, con tanta visibilidad, la pregunta inevitable es si estamos frente a una acción premeditada diseñada para eliminar obstáculos políticos. No es secreto que el gobernador pretendía impulsar a su esposa en la próxima elección y fue rechazado. Tampoco es coincidencia que el apellido Monreal —hermano del líder de la cámara baja, Ricardo Monreal— haya copado prácticamente todas las posiciones de poder en Zacatecas.
El dinero del crimen ha llegado a todas partes. Los gobernadores lo saben, las autoridades lo saben, la sociedad lo sabe. Pero nadie habla. El miedo permea el ambiente en una entidad que ha sido bañada en sangre, información que no siempre llega a los medios ni a la opinión pública.
La Guardia Nacional llega, pero la duda permanece
Ante la crisis, el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum envió unidades de la Guardia Nacional y el Ejército. Un gesto que podría interpretarse como respuesta institucional, pero que también puede leerse como un acto de supervivencia política. Lo cierto es que Ricardo Monreal y su círculo no están en los mejores términos con el equipo Sheinbaum, lo que deja al gobernador prácticamente huérfano en términos de apoyo federal real.
Las autoridades estatales afirman haber detenido a varios sospechosos que habrían participado en los asesinatos. Pero en un país donde la simulación es parte del sistema, es difícil confiar en estas detenciones sin más contexto.
La Operación Enjambre: ¿combate real o ajuste selectivo?
En conferencia de prensa, el titular de Seguridad Nacional, Omar García Harfutch, exaltó la Operación Enjambre como herramienta efectiva contra la corrupción y los vínculos entre delincuencia organizada y políticos. En teoría, suena bien. En práctica, la realidad es más compleja.
Alcaldes, diputados, regidores, directores de áreas, líderes sindicales y empresarios se encuentran enredados en cacicazgos que llevan una década escalando posiciones. Si se hace un análisis simple —comparar lo que perciben contra lo que tienen y presumen— no hay lógica ni equilibrio. El dinero viene de algún lado, y no siempre es de donde dicen.
El riesgo es que la Operación Enjambre termine siendo un pretexto para eliminar a adversarios políticos, no un combate real e imparcial contra la corrupción sistémica.
El caso del agua: cómo cambió el reparto, no la realidad
El ejemplo más claro está en el manejo del agua en el Estado de México. La fiscalía abrió carpetas de investigación contra quienes se habían apropiado de pozos de agua que deberían estar bajo control municipal. Líderes locales se enriquecían explotando una necesidad vital, mientras los alcaldes participaban en el negocio.
La solución aparente fue encarcela a los dueños de facto y trasladar la administración a los municipios. Suena como justicia. Pero lo que realmente ocurrió fue un cambio de manos en el reparto: los alcaldes ahora distribuyen el agua como les parece conveniente, negocios bajo la mesa continúan, y la población sigue sin acceso justo. Las carpetas fueron desestimadas, se negociaron acuerdos, y todos quedaron conformes. Menos la gente.
El sistema que se perpetúa
La delincuencia no disminuye; se transforma. Cambia de posición, de rostro, de estructura. Pero permanece. La recolección de cuotas al comercio informal, la venta de predios ilegales, la administración de servicios públicos como negocios privados: son círculos viciosos de poder y enriquecimiento que la sociedad ve claramente, aunque las autoridades lo nieguen.
La pregunta fundamental es si existe voluntad real en el gobierno federal para romper esta maquinaria de corrupción o si el cambio será solo cosmético, un nuevo reparto de poder entre los mismos actores.
Reflexión final, según Montesquieu: «La corrupción de los gobiernos comienza casi siempre por la de sus normas y principios».