La infraestructura eléctrica: el eslabón perdido del comercio trilateral
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá celebran los logros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pocas voces señalan un vacío crítico: la ausencia de una infraestructura de carga para vehículos eléctricos que funcione a escala regional. Este silencio es ensordecedor cuando se considera que la industria automotriz representa el corazón económico del acuerdo comercial y que la transición energética es inseparable de cualquier ambición ambiental genuina.
Durante las últimas dos décadas, América Latina ha observado cómo otros bloques comerciales integraban consideraciones ambientales en sus tratados. Sin embargo, el T-MEC, firmado en 2018 y vigente desde 2020, llegó tarde a una conversación que ya había comenzado globalmente: la movilidad eléctrica no es una aspiración futura, es una realidad inmediata en mercados desarrollados. Para América del Norte, especialmente para México, esto presenta tanto una oportunidad como una encrucijada.
La paradoja es ilustrativa: fabricantes de vehículos eléctricos pueden expandir operaciones en la región gracias a regulaciones comerciales favorables y mano de obra competitiva. Las inversiones fluyen hacia plantas de manufactura, particularmente en México. Sin embargo, estos autos llegan a un mercado consumidor desorientado por la falta de puntos de carga confiables. Es como construir autopistas sin gasolinerías: estructuralmente absurdo.
México en el centro de una contradicción
Para México, este desafío es especialmente urgente. El país alberga complejos manufactureros de importancia mundial, pero su parque vehicular sigue siendo predominantemente de combustión interna. Ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Valle de México enfrentan problemas de calidad del aire que deterioran la salud pública. La promesa de una industria automotriz verde podría ser transformadora, pero únicamente si se acompaña de infraestructura de carga accesible.
La realidad actual es que los consumidores mexicanos con capacidad adquisitiva dudan antes de comprar un vehículo eléctrico. ¿Dónde cargar en un viaje de negocios a otra ciudad? ¿Qué sucede durante los apagones frecuentes en algunas regiones? ¿Cuál es el costo real de instalar un cargador en casa cuando la electricidad ya es cara? Estas preguntas no son triviales; son barreras concretas que ralentizan la adopción.
Una cadena comercial incompleta
El T-MEC, desde su arquitectura legal, enfatiza la integración de cadenas productivas. Las baterías fabricadas en un país pueden ensamblarse en otro y distribuirse en el tercero, todo bajo un marco de libre comercio. No obstante, esta elegancia regulatoria se desmorona si el producto final no tiene una red de consumo viable.
Canadá y Estados Unidos han avanzado más rápidamente en infraestructura de carga, aunque con disparidades geográficas. Canadá cuenta con aproximadamente 50,000 puntos de carga públicos; Estados Unidos ronda los 150,000. México, en contraste, apenas alcanza los 5,000. Esta cifra no solo refleja un rezago: evidencia la desigualdad en cómo se implementa la transición energética dentro del bloque comercial.
Impacto ambiental: más allá de las emisiones
La urgencia trasciende lo comercial. América del Norte enfrenta presiones climáticas inmediatas: sequías extremas, eventos de calor sin precedentes y tormentas cada vez más intensas. La transición vehicular es un componente esencial para reducir emisiones de carbono. Sin embargo, fabricar autos eléctricos sin la infraestructura para operarlos masivamente genera un resultado paradójico: emisiones evitadas durante el uso se minimizan si la penetración de mercado permanece estancada.
Además, existe una dimensión de justicia ambiental. Las comunidades cercanas a plantas automotrices mexicanas históricamente han absorbido externalidades negativas. Una transición verde debería significar aire más limpio para esas poblaciones, pero esto requiere que los vehículos manufacturados se vendan y se carguen localmente, no que sean exportados mientras la contaminación persiste.
¿Qué se requiere ahora?
Los gobiernos trilaterales enfrentan un momento de decisión. Necesitan establecer estándares comunes para infraestructura de carga, coordinar inversión pública en redes de distribución y alinear políticas de subsidios que hagan la tecnología accesible. México, específicamente, debe exigir que las inversiones en manufactura vehicular eléctrica se acompañen de compromisos en infraestructura local.
Esto no es altruismo ambiental; es lógica comercial. Un mercado consumidor que confía en la tecnología y puede acceder a ella genera demanda sostenida, validando inversiones y atrayendo innovación. Sin este circuito completo, el T-MEC se reduce a un tratado de manufactura, no de transformación.
La ventana para actuar es ahora. Las decisiones que se tomen en los próximos dos años determinarán si América del Norte lidera una transición vehicular integrada o si perpetúa una en la que unos producen y otros consumen, mientras las promesas ambientales se quedan en documentos de política pública.
Información basada en reportes de: El Financiero