Cuando los números hablan de prioridades nacionales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de revelar una cifra que pone en jaque la conversación sobre recursos en México: este año el país renunciará a la recaudación de un billón 671 mil 33 millones de pesos. Para dimensionarlo: eso representa el 4.37 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. No es una cantidad menor. Es, ni más ni menos, lo que el gobierno ha decidido dejar pasar a través de diferentes regímenes especiales de tributación.
Pero antes de quedarnos en el número —que ya es lo suficientemente impactante—, vale la pena preguntarse qué hay detrás. ¿Por qué un gobierno que enfrenta demandas urgentes en educación, salud e infraestructura decide renunciar a estos recursos? La respuesta toca temas tan variados como la candidatura de México para albergar el Mundial de 2026, incentivos a sectores específicos de la economía, y negociaciones políticas que muchas veces ocurren lejos de los reflectores.
El costo de las ambiciones deportivas
El Mundial es solo parte de la historia. Cuando un país decide aspirar a ser anfitrión de un evento deportivo de talla mundial, llegan consigo exenciones tributarias, construcciones de estadios, inversiones en infraestructura hotelera y de transportación. Son apuestas que los gobiernos hacen esperando retornos económicos a mediano y largo plazo. Pero mientras tanto, esos recursos que podrían financiar programas sociales quedan en el camino.
En América Latina, hemos visto este patrón varias veces. Brasil con los Juegos Olímpicos 2016, Argentina como anfitriona de Copa América, Colombia con diversos eventos internacionales. Cada uno dejó un legado mixto: instalaciones deportivas espectaculares pero también comunidades desplazadas, deuda pública aumentada, y servicios públicos que siguieron esperando financiamiento.
Más allá del deporte: los privilegios tributarios que cuestan caro
Ahora bien, los regímenes especiales no son exclusivamente para el deporte. Incluyen incentivos para sectores estratégicos de la economía: industria manufacturera, zonas económicas especiales, empresas dedicadas a exportación, y otros nichos que el gobierno considera prioritarios para el crecimiento. El debate legítimo es si estos privilegios realmente generan el empleo y la inversión que prometen, o si simplemente trasladan la carga tributaria hacia sectores menos protegidos.
En un país donde millones aún viven en pobreza, donde hay municipios sin servicios básicos de agua potable y luz, renunciar voluntariamente a casi 1.7 billones de pesos genera preguntas incómodas. ¿Quién financia al Estado si estos sectores beneficiados no pagan sus impuestos proporcionalmente? La respuesta muchas veces es: la clase media, los asalariados formales, los pequeños empresarios que no tienen mecanismos para evadir.
Una conversación que debe cambiar
Lo preocupante no es que existan regímenes especiales —toda economía moderna los tiene—, sino que permanezcan invisibles en el debate público. Cuando se aprueba una Ley de Ingresos, estos números quedan en párrafos densos de documentos legislativos que pocos leen. Mientras tanto, cuando se discuten presupuestos para salud o educación, cada peso es escrutinizado, cada programa es cuestionado.
Hacienda ha informado sobre estas cifras, lo cual es valioso. Pero la pregunta que sigue es: ¿para qué? ¿Hay evaluaciones de impacto? ¿Se mide realmente si estos regímenes especiales cumplen sus objetivos? ¿O simplemente se perpetúan porque así se negoció hace años?
El espejo latinoamericano
Otros países de la región enfrentan dilemas similares. Chile ha debatido extensamente sobre tributación de grandes empresas. Colombia reforma su sistema fiscal constantemente. Argentina lidia con evasión histórica. Pero México, con su complejidad demográfica y desigualdad profunda, no puede permitirse renunciar a casi el 4.4 por ciento del PIB sin que eso sea parte de una estrategia clara, medible y comunicada con transparencia.
Porque al final, los números son personas. Son estudiantes que siguen sin laboratorios adecuados, pacientes en hospitales rurales sin medicinas, carreteras que deterioran, y comunidades que esperan. Y son también trabajadores que sí pagan impuestos completos, subsidian esos regímenes especiales, y ven cómo los beneficios del crecimiento económico nunca llegan a sus pueblos.
Reflexión final: el deporte como espejo
El Mundial es un sueño. México merece soñar. Pero los sueños se construyen con ladrillos reales, que se pagan con dinero real. Este 1.6 billones de pesos renunciado es, en esencia, una apuesta. La pregunta que debe hacerse es si fue pensada estratégicamente o si fue simplemente el resultado de negociaciones fragmentadas que nunca fueron evaluadas en su totalidad.
En los próximos meses y años, veremos qué legado deja esta decisión. Pero mientras tanto, vale la pena mantener los ojos abiertos, los números visibles, y la conversación en la agenda pública. Porque en democracia, estas decisiones fiscales no son tecnócratas hablando entre sí. Son sociedades tomando decisiones sobre qué mundo quieren construir.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx