Una generación en riesgo: 35 mil adolescentes imputados en México durante 2024
Durante 2024, México enfrentó una crisis sin precedentes en justicia juvenil. Más de 35 mil adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de delitos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra representa un aumento de 7.1% respecto a 2023 y, más alarmante aún, un incremento acumulado de 55.4% comparado con 2021.
El fenómeno expone fracturas profundas en el sistema de protección social mexicano y revela cómo el crimen organizado ha encontrado en la adolescencia un terreno fértil para el reclutamiento forzado de menores.
Los números de una crisis: quiénes son los imputados
De los 35,193 adolescentes imputados en 2024, ocho de cada 10 fueron hombres, evidenciando una marcada tendencia de género en la delincuencia juvenil. Los delitos más frecuentes fueron lesiones, robo y narcomenudeo.
Catorce entidades federativas superaron la tasa nacional de 259 personas adolescentes imputadas por cada 100 mil menores de edad. Los estados más críticos fueron Aguascalientes (841), Nuevo León (665), Sonora (631) y Ciudad de México (612).
En cuanto a víctimas, se registraron 27,912 en carpetas de investigación iniciadas en 2024, de las cuales seis de cada 10 fueron mujeres, principalmente en el grupo de edad de 10 a 19 años (63.7%).
El reclutamiento forzado: cuando el crimen organizado captura menores
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado sobre un fenómeno paralelo y preocupante: miles de adolescentes son captados por grupos criminales en estados como Estado de México, Jalisco, Sonora y Tamaulipas. Testimonios documentados revelan que jóvenes de apenas 13 y 14 años son obligados a convertirse en halcones, sicarios o mensajeros.
Los municipios del Estado de México figuran entre los focos rojos. Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla concentran los mayores índices de reclutamiento y delincuencia juvenil. De igual forma, el Corredor del Pacífico —que incluye Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa— registra alta incidencia de desapariciones y reclutamiento forzado de menores.
Las causas raíz: pobreza, violencia y abandono institucional
Expertos coinciden en que la delincuencia juvenil en México no es solo un problema penal, sino una crisis social profunda. Factores como pobreza extrema, violencia familiar, falta de oportunidades laborales y ausencia de espacios recreativos incrementan significativamente la probabilidad de que adolescentes sean enganchados por el crimen organizado.
La carencia de educación de calidad y la desigualdad amplían las brechas de vulnerabilidad. Estos jóvenes, muchos sin acceso a educación o empleo digno, se convierten en presas fáciles para grupos delictivos que ofrecen dinero rápido a cambio de involucrarse en actividades ilícitas.
El sistema de justicia adolescente: medidas y limitaciones
Al cierre de 2024, había 4,095 adolescentes con alguna medida de sanción. De estos, 64.3% se encontraba bajo medida no privativa de la libertad y 35.7% con alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.
Durante 2024, 1,562 adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales, cifra que representó un aumento de 3.6% respecto a 2023. El 55.1% de estos ingresos se concentró en seis entidades: Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León.
Diez años después de la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), expertos señalan que aún existen retos significativos en su ejecución, especialmente en temas de reinserción social y reeducación.
Un cambio urgente en la agenda pública
La respuesta institucional debe ir más allá del castigo penal. Prevención, educación de calidad, oportunidades laborales y reinserción social son pilares indispensables para romper el ciclo de violencia y delincuencia que captura a miles de adolescentes cada año.
Sin intervención inmediata en materia de política social y seguridad pública, la adolescencia seguirá siendo terreno fértil para el crimen organizado, perpetuando una crisis que afecta no solo a los jóvenes imputados, sino a toda la sociedad mexicana.