La diputada Amalia López de la Cruz (Morena) presentó una reforma a la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para actualizar su marco legal y armonizarlo con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política. El objetivo es eliminar inconsistencias normativas que actualmente limitan la protección de las lenguas originarias del país.
La propuesta, turnada a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, busca reformar el artículo 2 de la ley secundaria incorporando la definición constitucional vigente de pueblos indígenas, con el fin de fortalecer la certeza jurídica y garantizar de manera más efectiva los derechos lingüísticos y culturales de las comunidades originarias.
Una riqueza lingüística en riesgo
México posee una de las mayores riquezas lingüísticas del mundo. El país cuenta con 68 lenguas indígenas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas, con más de 364 variantes registradas. Sin embargo, esta herencia cultural enfrenta amenazas graves.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 39 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que aproximadamente 7.4 millones hablan alguna lengua originaria. Pese a estos números, diversas lenguas enfrentan riesgos de desaparición debido a la disminución de hablantes y al debilitamiento de su transmisión entre generaciones.
«La pérdida de una lengua implica también la desaparición de una forma única de comprender y relacionarse con el mundo», señala López de la Cruz en la exposición de motivos de su reforma.
Actualizar definiciones para mayor protección
La reforma plantea actualizar el concepto de lenguas indígenas para incluir aquellas que «proceden de las colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas».
También incorporaría aquellas lenguas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad, siempre que se reconozcan por poseer «un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación».
Según la legisladora, aunque la actual Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce y protege las lenguas originarias, su definición de «pueblos» no coincide plenamente con la establecida en la Constitución. Esta diferencia genera ambigüedades en la interpretación de los derechos lingüísticos y puede limitar el alcance de acciones destinadas a su protección.
Avances constitucionales que requieren legislación secundaria
Las reformas constitucionales aprobadas en las últimas décadas han ampliado progresivamente el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Particularmente relevante es la reforma de 2024, que reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sin embargo, la legislación secundaria aún requiere ajustes para reflejar plenamente estos avances constitucionales. La reforma propuesta busca precisamente cerrar esa brecha entre lo que establece la Constitución y lo que contempla la ley secundaria.
Patrimonio cultural que debe fortalecerse
La diputada López de la Cruz subraya que las lenguas indígenas constituyen uno de los principales patrimonios culturales del país, ya que representan formas de conocimiento, tradiciones, cosmovisiones y sistemas de organización que han sido transmitidos de generación en generación.
Con esta modificación se busca no solo eliminar inconsistencias normativas, sino también consolidar un marco legal más sólido que garantice efectivamente los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, reconociendo así la pluriculturalidad que caracteriza a México.