La mentira de la minería: quién se queda realmente con la riqueza
Durante cuatro décadas, México ha tejido una narrativa seductora alrededor de la minería. Gobiernos de distintos colores políticos, empresarios y medios de comunicación han presentado esta actividad extractiva como la solución a nuestros problemas de desarrollo. Se nos ha dicho una y otra vez que la minería es sinónimo de empleo, inversión, modernidad y bienestar colectivo. Una historia perfecta. Demasiado perfecta para ser verdadera.
Lo que revelan ahora especialistas en Zacatecas —uno de los estados más mineros del país— es lo que muchas comunidades ya saben desde hace años: esa narrativa es, en esencia, un acto de ilusionismo económico. La prosperidad que supuestamente trae la minería no llega a las mayorías. Se concentra en un puñado de actores: los dueños de concesiones, las corporaciones trasnacionales y los intermediarios políticos que facilitan el negocio.
El modelo extractivo latinoamericano
Esta historia no es exclusivamente mexicana. Latinoamérica entera ha caído en la trampa del extractivismo. Desde Perú hasta Chile, desde Colombia hasta Argentina, el patrón se repite con monótona consistencia: se otorgan enormes concesiones territoriales a empresas mineras; se promete empleo masivo y recaudos fiscales; se minimiza el impacto ambiental; y luego, cuando los números reales aparecen, las comunidades descubren que han entregado sus recursos naturales por migajas.
En Perú, que genera el 10% de cobre mundial, la pobreza sigue siendo estructural en las regiones mineras. En Bolivia, décadas de minería no erradicaron la desigualdad. El patrón sugiere algo incómodo: la minería no fue diseñada para beneficiar a la población local, sino para extraer valor hacia afuera.
Concesiones: el verdadero negocio
Cuando hablamos de concesiones mineras, estamos hablando de un mecanismo de transferencia de riqueza pública hacia actores privados. Un gobierno otorga el derecho de explotar un depósito mineral durante décadas —a veces sin límite claro— con cánones y regalías que suelen ser irrisorios comparados con el valor real extraído.
México no es la excepción. Las concesiones mineras en el país se han entregado bajo marcos regulatorios que favorecen desproporcionadamente a los concesionarios. Mientras tanto, los municipios donde ocurre la extracción reciben un porcentaje mínimo de los ingresos, enfrentando además costos ambientales que no están contabilizados en ningún balance fiscal.
El costo invisible
Aquí radica la verdadera mentira: los cálculos de «riqueza generada» nunca incluyen los costos reales. No cuentan el agua contaminada. No cuentan la tierra degradada. No cuentan la salud de poblaciones expuestas a relaves tóxicos. No cuentan la pérdida de biodiversidad. No cuentan el desplazamiento de comunidades indígenas. Si incluyéramos estos costos en la ecuación, muchos proyectos mineros resultarían siendo negocios ruinosos para la sociedad.
Es economía de corto plazo disfrazada de desarrollo estratégico. Los dueños de concesiones capturan ganancias en 10 o 20 años. Las comunidades heredan pasivos ambientales por cien.
¿Qué hacer entonces?
La pregunta que debe hacerse todo ciudadano es si México realmente necesita mantener este modelo extractivo que enriquece a pocos mientras empobrece el patrimonio común. ¿Es inevitable?
No. Otros países han comenzado a repensarse. Algunos han establecido regulaciones más estrictas. Otros han creado fondos soberanos para que los ingresos mineros beneficien a futuras generaciones. Algunos más directamente han cuestionado si la minería es compatible con sus objetivos de desarrollo sostenible.
Para México, la pregunta es política: ¿estamos dispuestos a cuestionar el relato que nos han vendido? ¿O seguiremos permitiendo que se entreguen nuestros recursos bajo la promesa incumplida de un desarrollo que nunca llega para todos?
La minería no desaparecerá. Pero debe ser rediseñada. Concesiones con plazos limitados, regalías progresivas según rentabilidad real, fondos ambientales garantizados, participación comunitaria genuina en decisiones, y evaluaciones costo-beneficio honestas que incluyan el daño ambiental.
Mientras no hagamos eso, seguiremos siendo un país que exporta riqueza disfrazada de desarrollo. Y eso, definitivamente, no es prosperidad.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx