La tentación del recorte: cuando los empresarios imaginan gobernar
Ricardo Salinas Pliego ha vuelto a posicionarse en el debate político nacional con una propuesta que, aunque no es nueva en la retórica de ciertos sectores empresariales, sigue siendo lo suficientemente controversial como para merecer análisis serio. Su visión de un México regido por recortes impositivos masivos y despidos en la administración pública no es un accidente mediático: es una declaración de intenciones sobre cómo ciertos poderes económicos imaginan el futuro del país.
Antes de descartar o aplaudir sin pensarlo, conviene hacer una pausa. Las propuestas de reducción radical del gasto público llevan décadas circulando en América Latina. Desde Chile hasta Argentina, pasando por Perú y Colombia, hemos visto cómo estas recetas se implementan con resultados mixtos, complejos y, frecuentemente, problemáticos. No se trata de ideología pura: es historia reciente.
El atractivo del simplismo en tiempos de frustración
Entendamos por qué estas ideas resuenan. México enfrenta legítimos problemas: un Estado que muchos perciben como ineficiente, corrupción enquistada, inseguridad que compromete vidas cotidianas. Cuando la realidad duele, la promesa de soluciones radicales adquiere un extraño magnetismo. «Menos gobierno, menos robo», parece la ecuación. Limpia. Lógica. Reconfortante.
El problema es que la realidad administrativa y fiscal no funciona como un balance empresarial simplificado. Un país no es una empresa, aunque algunos empresarios lo vean así. Las estructuras estatales, aún con sus deficiencias innegables, sostienen servicios que no generan ganancias pero que son infraestructura básica: educación pública, salud rural, seguridad en municipios pobres, pensiones de adultos mayores sin ahorros privados.
Lo que los números no dicen
Cuando se habla de «despedir millones de burócratas», los titulares van rápido. Pero hay preguntas incómodas que raramente se formulan en estas propuestas: ¿cuáles millones exactamente? ¿Los que registran títulos de propiedad en pequeños pueblos? ¿Los que atienden partos en clínicas rurales? ¿Los maestros de escuelas públicas en zonas marginadas?
En economías como la mexicana, donde más de la mitad de la población depende de servicios públicos precarios, y donde el sector informal absorbe a millones sin acceso a seguridad social, la propuesta de un Estado esquelético no es solo política: tiene consecuencias humanas concretas. Los que sufrirían primero no serían los empresarios de Polanco, sino las comunidades que ya están en los márgenes.
Impuestos bajos: ¿para quién?
La reducción impositiva es el otro pilar del argumento. Nuevamente, suena razonable: menos impuestos, más inversión, más empleo. Excepto que la evidencia latinoamericana muestra que cuando los grandes contribuyentes pagan menos impuestos, eso no automáticamente genera empleo de calidad. A menudo, el capital ahorrado se destina a fusiones, automatización, o simplemente se acumula en cuentas offshore.
México ya tiene una estructura tributaria regresiva. Los ricos pagan proporcionalmente menos que en otras economías de su nivel. Más rebaja fiscal no necesariamente democratiza el crecimiento: puede profundizar la desigualdad.
La pregunta incómoda que nadie formula
¿Por qué un empresario exitoso en el sector privado cree que aplicar sus métodos al Estado mexicano funcionará? Porque, honestamente, el Estado no opera con las mismas reglas. Los accionistas de una empresa pueden presionar por resultados. Los ciudadanos de un país democrático tienen derechos que van más allá de la eficiencia económica: derecho a educación, a justicia, a seguridad básica, independientemente de su rentabilidad.
Estas propuestas reaparecen cada cierto tiempo en México, casi como un ciclo. Un magnate las plantea. Los medios las amplían. Algunos sectores aplauden. La discusión pública se polariza. Y después, nada ocurre, porque implementarlas seria y completamente sería políticamente insostenible y socialmente explosivo.
Lo que falta en la conversación
No se trata de defender la ineficiencia estatal. México legítimamente necesita mejoras: menos corrupción, mejor capacidad administrativa, tecnología que haga el sector público más ágil. Pero eso es diferente a la propuesta del recorte radical.
Una conversación honesta sobre el futuro del país requeriría preguntas distintas: ¿Qué servicios públicos son no negociables? ¿Cómo optimizamos sin desmantelar? ¿Quiénes pagan proporcionalmente menos impuestos ahora? ¿Cómo fortalecemos capacidades en lugar de solo reducir tamaño?
Mientras tanto, cada vez que un empresario propone gobernar como si el país fuera un fondo de capital privado, la sociedad mexicana debería recordar algo fundamental: el Estado existe porque hay necesidades que el mercado, solo, no cubre. Imperfectamente, sí. Ineficientemente, frecuentemente. Pero necesariamente.
La pregunta no es si Ricardo Salinas Pliego será presidente. La pregunta es si México seguirá permitiendo que se planteen soluciones tan simplistas para problemas tan complejos.
Información basada en reportes de: Xataka.com.mx