El fantasma de las soluciones simples
Cada cierto tiempo, México se debate entre dos tentaciones políticas que prometen lo contrario pero comparten la misma certeza: que existe una solución única y radical para los problemas del país. Hace poco, un empresario destacado volvió a plantear públicamente una fórmula que ha circulado por décadas en círculos de derecha latinoamericana: reducir impuestos y eliminar empleados públicos como vía hacia la prosperidad.
No es una idea nueva. Es, de hecho, el manual que gobiernos de todo el continente intentaron entre los 80 y 90: flexibilización laboral, privatizaciones, recortes presupuestales. En algunos casos funcionó para generar crecimiento nominal en corto plazo. En la mayoría, profundizó desigualdades y dejó servicios públicos debilitados que tardaron décadas en recuperarse—si es que lo hicieron.
¿Qué se olvida cuando se habla de eficiencia?
La propuesta de despedir «millones de burócratas» suena atractiva en una conversación de sobremesa. Presume honestidad: alguien dispuesto a enfrentar la corrupción y el gasto innecesario. Pero aquí está el problema real que los columnistas con corbata nunca abordan: ¿cuáles millones? ¿Los maestros que educan a los hijos de los pobres? ¿Los médicos de clínicas rurales? ¿Los inspectores de seguridad alimentaria?
En México, donde aproximadamente 16 millones de personas dependen del empleo público directo o indirecto, una purga de esa magnitud no es eficiencia administrativa. Es un shock social. Otros países lo han intentado. Reino Unido bajo Thatcher. Argentina en los 90. Chile en la misma década. En todos los casos, el desempleo se disparó, los servicios colapsaron y la desigualdad aumentó.
La trampa de confundir empresa con Estado
Cuando alguien que ha dirigido corporaciones plantea gobernar, tiende a aplicar la lógica empresarial donde no siempre funciona. En un negocio privado, si reduces costos y mejoras márgenes, obtienes ganancias que distribuyes entre accionistas. En el Estado, cuando reduces gasto público sin una estrategia redistributiva, lo que desaparece es acceso: educación, salud, caminos, electricidad en zonas donde el mercado considera que no hay rentabilidad.
La baja de impuestos tampoco es neutral. ¿A quién beneficia principalmente? Históricamente, estas políticas han favorecido a personas con ingresos altos y corporaciones grandes. El trabajador promedio ve poco cambio en su bolsillo. Los pobres ven menos servicios. Es una redistribución regresiva disfrazada de modernización.
Lo que la historia debería enseñarnos
México no es Suiza. No tiene un sistema estatal robusto que pueda permitirse el lujo de contraerse. Tiene el opuesto: un Estado históricamente débil en capacidades, fragmentado territorialmente, y donde millones dependen de lo que ese Estado provee o deja de proveer. Hacer más pequeño un Estado que ya no llega suficientemente lejos es aumentar abandono, no eficiencia.
Lo curioso es que estas propuestas reaparecen justo cuando la evidencia empírica es clara: los países más desiguales de América Latina son exactamente donde se aplicaron estas recetas más radicalmente. Los que mostraron mayor movilidad social combinaron reformas tributarias progresivas con inversión pública robusta en educación y salud.
Una pregunta incómoda para el debate
¿Por qué insistimos en soluciones que fracasaron? Quizás porque ofrecen algo irresistible: simplicidad. Es más fácil prometer «menos gobierno» que explicar cómo rediseñar el gobierno existente. Es más atractivo decir «bajen impuestos» que describir un sistema tributario progresivo que redistribuya sin destruir incentivos.
Antes de entusiasmarse con cualquier propuesta presidencial, México merece preguntarse: ¿dónde está la evidencia? ¿Qué país comparable a nosotros aplicó esto exitosamente? ¿Cuál es el plan concreto, no la ideología?
Porque gobernar no es dirigir una empresa. Es gestionar complejidad con recursos limitados para 130 millones de personas que no pueden despedirse de su país si la estrategia falla.
Información basada en reportes de: Xataka.com.mx