El espejismo del ajuste: cuando los empresarios prometen gobernar
Cada cierto tiempo, algún empresario mexicano resuelve que gobernar es más sencillo que administrar una empresa. Y cada vez, la receta es prácticamente idéntica: reducir impuestos, despedir empleados públicos, eliminar «ineficiencias». Ricardo Salinas Pliego acaba de sumarse a esta tradición, planteando su visión de país en una entrevista reciente. No es novedad. Lo interesante es preguntarse por qué estas ideas resurgen con tanta persistencia, y por qué siguen encontrando audiencia.
La lógica es seductora en su simplicidad. Un empresario exitoso —el argumento va— naturalmente sabe cómo manejar dinero mejor que los políticos. El sector privado es eficiente; el público, derrochador. Baja los gastos, quita burocracia, y el país funcionará como una empresa bien administrada. Es un silogismo que aparece cada sexenio, en diferentes voces, con ligeras variaciones de énfasis.
Pero aquí está el problema: un país no es una empresa. Una corporación busca maximizar ganancias para accionistas. Un Estado debe garantizar servicios básicos a millones de personas, muchas de ellas sin capacidad de pago. Esos «millones de burócratas» que se propone despedir incluyen maestros, enfermeras, policías, inspectores sanitarios. No son redundancias administrativas; son gente que realiza funciones que el mercado, por definición, no financia porque no son rentables.
El contexto que falta en estas propuestas
México ya experimentó con versiones más moderadas de estas ideas. Los recortes presupuestales en educación y salud durante gobiernos anteriores no generaron un Estado más eficiente; generaron escuelas sin recursos y hospitales colapsados. La paradoja del ajuste fiscal en países en desarrollo es bien documentada: reducir gasto público en momentos de debilidad institucional no fortalece al Estado, lo erosiona.
Además, existe un sesgo evidente en estas propuestas. Nunca incluyen reducción de subsidios a grandes empresas, renegociación de contratos públicos favorables a corporaciones, o revisión de exoneraciones fiscales para el sector privado. El ajuste siempre recae sobre lo que no tiene poder de negociación: servicios sociales, pensiones, empleo público.
Latinoamérica ha visto esta película. Chile implementó políticas similares en los ochenta y noventa, con resultados que eventualmente generaron los estallidos sociales de 2019. Argentina siguió recetas parecidas bajo Macri, con consecuencias económicas devastadoras. La evidencia regional sugiere que estos planes, aunque populares entre ciertos grupos, generan desigualdad sin necesariamente producir crecimiento.
¿Qué busca realmente este discurso?
Cuando un empresario de la envergadura de Salinas Pliego articula estas ideas públicamente, hay que preguntarse qué intereses representa. No es activismo cívico desinteresado. Es una posición política que beneficiaría específicamente a grandes contribuyentes y propietarios de capital. Menos impuestos para quiénes: ¿para pequeños negocios o para corporaciones? Menos empleados públicos en dónde: ¿en regulación ambiental, tributaria, laboral?
El discurso empresarial sobre eficiencia estatal tiende a ser selectivo. Demanda Estado mínimo en lo social, pero Estado fuerte en seguridad (para proteger propiedades), en infraestructura (que beneficia al capital) y en instituciones que validen los contratos (que protegen transacciones comerciales).
La conversación que deberíamos tener
México sí tiene problemas de gasto ineficiente. Eso es innegable. Pero la solución no es un cirugía de emergencia ideológica, sino un rediseño institucional profundo: mejorar capacidad de fiscalización, fortalecer auditoría, modernizar sistemas de compra pública, combatir corrupción real. Trabajo tedioso, técnico, sin eslóganes atractivos.
Tampoco se trata de defender un Estado inmovilista. Pero una reforma genuina requiere distinguir entre gasto ineficiente (que debe eliminarse) y gasto insuficiente (que debe ampliarse, como en educación rural o salud de comunidades marginadas).
Lo preocupante es que este tipo de propuestas sigan siendo titulares cada sexenio, mientras el debate público no avanza. Seguimos eligiendo entre extremos falsos: austeridad radical o derroche sin límites. Mientras tanto, los verdaderos problemas de gobernanza se quedan sin resolver.
Quizá sea hora de exigir propuestas más sofisticadas a quienes quieren gobernar. El país es más complejo que el balance de una corporación.
Información basada en reportes de: Xataka.com.mx