Iniciativa busca castigar el abandono de adultos mayores en el Estado de México
La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) presentó una iniciativa para modificar el Código Penal estatal que establecería penas de seis meses a tres años de prisión y multas de 180 a 360 días para quien abandone a una persona adulta mayor. La propuesta fue expuesta durante una sesión deliberante en Toluca.
La medida busca responder a una problemática creciente: de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tres de cada 10 personas adultas mayores en México han sufrido alguna forma de negligencia o desatención.
Un abandono que ocurre en silencio
«El abandono se manifiesta de muchas formas: la falta de acompañamiento, la exclusión social, la omisión de cuidados médicos, la carencia de recursos económicos y quizá la más dolorosa: el aislamiento emocional», expresó Pérez Correa desde tribuna.
La iniciativa contempla sanciones diferenciadas dependiendo de las condiciones físicas y de salud de la víctima. La legisladora enfatizó que la propuesta busca inhibir conductas de abandono entre quienes tienen la obligación legal de cuidar a adultos mayores, ejerciendo lo que denomina como «alevosía y ventaja».
Datos que justifican la acción
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México cuenta con 1 millón 920 mil personas de 60 años o más, lo que representa el 11.3 por ciento de una población total de 16.9 millones de habitantes en la entidad.
Esta cifra subraya la importancia de fortalecer los marcos legales de protección para este sector vulnerable de la población.
Precedentes en otras entidades
El abandono de adultos mayores ya está tipificado como delito en varios estados del país. Entidades como Baja California, Campeche, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas cuentan con figuras penales específicas en sus códigos que establecen sanciones ejemplares para este ilícito.
La propuesta del Estado de México se alinearía con esta tendencia de endurecimiento legal frente a la violencia y negligencia contra personas adultas mayores, una problemática que frecuentemente permanece oculta y que requiere mayor visibilización y protección institucional.