El Estado de México vive una crisis estructural de violencia contra las mujeres que va mucho más allá de las conmemoraciones del 8 de marzo. Mientras autoridades municipales implementan acciones puntuales en esta semana, la realidad es cruda: la entidad se posiciona entre los primeros lugares del país en feminicidios, desapariciones y violencia de género, con políticas públicas que han demostrado ser inefectivas e insuficientes.
«Una flor no hace primavera», dicen quienes analizan estos esfuerzos gubernamentales. Muchos municipios, incluso gobernados por mujeres, cuentan con alertas de género y presupuestos asignados, pero los resultados no se visibilizan ni impactan en la realidad de las víctimas.
Cifras que gritan urgencia
En enero de 2026, se reportaron 31 asesinatos de mujeres en 19 estados del país, con el Estado de México encabezando la lista. Pero esta cifra es solo la punta del iceberg: solo el 16% de las víctimas denuncia los delitos, lo que significa que los casos reales podrían ser hasta cinco veces mayores que los registrados.
La Secretaría de las Mujeres del Estado de México emitió reglas de operación para programas de reparación a víctimas de feminicidio en 2026, mientras la LXII Legislatura discute reformas al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas modificaciones buscan sancionar nuevas modalidades como la violencia vicaria —cuando se daña a los hijos para afectar emocionalmente a la madre—, un problema en crecimiento en la entidad.
Una geografía del miedo: los municipios más afectados
Los municipios de la Zona Oriente concentran los mayores índices de violencia de género. Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Valle de Chalco y Chalco lideran estos registros, vinculados directamente a factores de pobreza, precariedad laboral, transporte deficiente y falta de servicios públicos. Toluca y Naucalpan también aparecen frecuentemente en los boletines, mostrando que la problemática es metropolitana y transversal.
El entorno urbano complejo, combinado con desigualdad socioeconómica, crea condiciones propicias para la violencia. Las mujeres en estas zonas enfrentan una vulnerabilidad agravada por la inseguridad estructural.
La epidemia oculta: desapariciones de mujeres
Junto con los feminicidios, las desapariciones constituyen una crisis paralela. En lo que va de 2026, se han emitido decenas de boletines de búsqueda. Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el último mes registrado hubo 156 búsquedas en curso, con 48 personas localizadas y 12 Alertas Amber activas.
Casos como los de Ana Karen Nute Téllez, Dana Itzel Vera González, Diana Lizeth Alarcón Albarrán y Leslie Nahomi Rivera Nava, entre muchas otras, se han viralizado en redes sociales, dando visibilidad a una problemática que el Estado intenta controlar sin éxito.
La Alerta Amber, activada principalmente en casos de menores, refleja la vulnerabilidad de niñas y adolescentes. Una niña de 8 años desaparecida en Toluca en marzo de 2026 es apenas un ejemplo de esta realidad.
Los obstáculos: impunidad y desconfianza
Un factor crítico agrava esta crisis: solo el 16% de las mujeres denuncia. Esta baja tasa refleja desconfianza profunda en las instituciones y miedo a represalias. Las familias denuncian tardanza en la activación de protocolos de búsqueda y falta de coordinación entre autoridades.
La desaparición frecuentemente es el preludio de feminicidios o está vinculada con violencia doméstica. En varios casos documentados, las desapariciones están asociadas a redes de explotación sexual y trata de personas.
¿Qué se está haciendo?
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México publica boletines diarios y coordina con la FGJEM y la CODHEM para localizar víctimas. La Ley de Declaración Especial de Ausencia permite a las familias acceder a derechos legales y patrimoniales mientras se busca a la persona desaparecida.
Los colectivos feministas y organizaciones civiles han presionado por políticas más efectivas, organizando brigadas de búsqueda y protestas que, en varios casos, han sido clave para encontrar a sus familiares. Su participación ciudadana ha logrado lo que las instituciones no han conseguido.
Lo que hace falta: acción integral y urgente
Los expertos y organizaciones coinciden: se requiere fortalecer refugios, asesoría legal y acompañamiento psicológico para víctimas. Esto es escaso y desigual en la entidad. La falta de acompañamiento integral genera problemas secundarios en las sobrevivientes.
También es urgente fortalecer protocolos de búsqueda inmediata; reducir los tiempos de reacción es literal mente salvar vidas. Se necesita coordinación interinstitucional real entre Fiscalía, Comisión de Búsqueda y policías municipales, algo que hoy no sucede de manera efectiva.
Los programas educativos y campañas de sensibilización en escuelas y colonias son claves para modificar patrones culturales profundamente arraigados. Y la efectividad de cualquier reforma dependerá de su aplicación real y del seguimiento ciudadano constante.
Una realidad innegable
La violencia contra la mujer en el Estado de México es un fenómeno multidimensional y persistente. Combina altos niveles de feminicidios, nuevas formas de agresión, desapariciones masivas y una desconfianza institucional profunda. Aunque existen esfuerzos legislativos y programas de reparación, la magnitud del problema exige acciones mucho más contundentes en prevención, justicia comunitaria y protección real.
Los datos del INEGI en materia de seguridad confirman que este sector —las mujeres— es el que más inseguridad experimenta en la entidad. Mientras continúen siendo apenas acciones puntuales y discursos de ocasión, la crisis seguirá creciendo.