El efecto dominó de las calificadoras: cuando cae el Estado, ¿quién sostiene a las empresas?
Cuando una agencia calificadora rebaja la nota de un país, algo más que números cambia en los mercados. Las empresas locales, sin importar cuán sólidas sean sus operaciones, ven cómo sus propias evaluaciones de riesgo se erosionan casi automáticamente. Es un fenómeno que se repite en Latinoamérica con frecuencia preocupante, y aunque los expertos advierten que es un mecanismo normal del sistema financiero, vale la pena preguntarse si esa normalidad nos debería tranquilizar o inquietar aún más.
El argumento es aparentemente lógico: si el Estado que respalda la moneda, garantiza contratos y proporciona estabilidad institucional se debilita crediticiamente, entonces todo lo que depende de ese Estado hereda parte de ese riesgo. Una empresa privada en México o Chile, por excelente que sea su balance, opera dentro de un ecosistema donde el gobierno es el árbitro final. Cuando el árbitro pierde credibilidad internacional, el juego completo se tambalea.
Pero aquí viene lo interesante: ¿es esto una exageración del mercado o un reflejo honesto de realidades interdependientes que preferimos no ver? La respuesta probablemente esté en ambos lados. Sí, existe cierta redundancia en las rebajas automáticas. Una empresa exportadora con ingresos en dólares y deuda pagable en la misma moneda no debería sufrir el mismo castigo que una compañía dependiente del gasto público. Los modelos de riesgo, sin embargo, muchas veces no capturan estas matices.
Latinoamérica conoce bien este dilema. Cuando Argentina entró en crisis hace dos décadas, instituciones financieras de primer nivel fueron arrastradas al abismo no solo por sus propias decisiones, sino por el colapso soberano. Más recientemente, la degradación de calificaciones en países como Perú, Colombia o el propio México ha generado efectos en cadena donde empresas que nada tienen que ver con la política fiscal de sus gobiernos terminan pagando intereses más altos.
Lo que las agencias de calificación entienden —y no está completamente equivocado— es que existe un «piso de riesgo país» que ninguna empresa privada puede saltar. Por muy buena que sea Femsa, Globant o Natura en la administración de sus negocios, no pueden escapar completamente del contexto macroeconómico en el que operan. Las monedas se devalúan, los costos de financiamiento suben, los reguladores aplican presiones. El riesgo soberano es casi un virus que viaja a través del sistema.
Pero aquí está el punto de reflexión: ¿deberíamos conformarnos con esta situación como simplemente normal? O deberíamos preguntarnos por qué nuestras economías están tan acopladas al riesgo de gobiernos que frecuentemente nos decepcionan en materia de responsabilidad fiscal y estabilidad institucional.
La verdadera pregunta no es si las calificadoras exageran o no. La pregunta es cuántas veces más necesitamos ver este ciclo repetirse antes de exigir instituciones más robustas, gobiernos más disciplinados y mercados menos dependientes de los cambios de humor de burocracias en Nueva York. La normalidad que aceptamos hoy podría ser el síntoma que mañana nos explique por qué perdimos oportunidades de crecimiento real.
No se trata de culpar a las agencias ni de demonizar la interdependencia económica. Se trata de reconocer que cuando la salud del Estado determina la salud de todo lo demás, tenemos un problema estructural que merece más que un encogimiento de hombros.
Información basada en reportes de: El Financiero