El Estado de México enfrenta una crisis de urbanismo desordenado que ha transformado la zona oriente en un territorio de fraccionamientos ilegales, donde autoridades cómplices y vivales se han lucrado a costa de familias trabajadoras que buscan vivienda propia. Municipios como Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco concentran centenares de colonias irregulares, asentadas en barrancas, laderas y zonas de reserva ecológica, sin permisos ni servicios básicos.
El problema no es nuevo, pero persiste. Durante años, las autoridades han solapado a fraccionadores ilegales que venden un mismo lote hasta tres veces, aprovechando la desesperación de quienes necesitan un lugar donde vivir. Mientras gobiernos sucesivos prometen regularización de predios, los depredadores inmobiliarios continúan operando, especialmente en municipios considerados potencialmente urbanos donde la tierra verde es cada vez más escasa.
Un negocio redondo con complicidades
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha documentado la magnitud del fraude: aseguró más de 2,000 inmuebles en operativos recientes, logrando restituir más de la mitad a sus legítimos propietarios. Estos números revelan una operación sistemática donde grupos dedicados al fraude inmobiliario actúan con impunidad, ofertando terrenos en zonas de riesgo sin estudios de impacto urbano.
Lo más grave es que estas prácticas han convertido los asentamientos irregulares en «carne de cañón» para intereses políticos. Las promesas de legalización nunca llegan, mientras las familias invierten sus ahorros en ilusiones.
Vivir sin servicios básicos ni certeza jurídica
Las consecuencias son devastadoras. Colonias enteras carecen de agua potable, drenaje y electricidad. Muchos asentamientos se ubican en zonas de deslaves e inundaciones, problemática que se agrava cada temporada de lluvias. La falta de infraestructura no solo incrementa la desigualdad, sino que expone a estas comunidades a riesgos ambientales constantes.
En Lomas de San Sebastián, una vecina resume la tragedia: «Nos vendieron la ilusión de tener casa propia, pero seguimos sin agua ni escrituras». Similar es la historia en Nezahualcóyotl y otras colonias de la zona oriente, donde residentes descubrieron demasiado tarde haber sido estafados.
Esfuerzos de contención insuficientes
El gobierno estatal ha desplegado la Operación Restitución, un programa que busca frenar el avance mediante la retirada de anuncios de venta ilegal y la habilitación de canales de denuncia: el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770. Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas, aunque necesarias, son insuficientes.
«Mientras exista demanda de vivienda barata y falta de alternativas legales, el problema persistirá», señalan los expertos. El Estado de México necesita políticas de vivienda integral, no solo operativos punitivos.
La brecha social que sigue creciendo
El contraste es brutal: mientras unos acceden a desarrollos urbanos formales con servicios e certeza jurídica, miles de familias trabajan toda su vida para comprar un terreno que legalmente no es suyo, en colonias sin agua, sin luz, sin drenaje. Atrapadas entre la necesidad y el engaño, estas comunidades simbolizan la desigualdad extrema que caracteriza al Estado de México.
La expansión urbana desordenada sigue consumiendo los últimos espacios verdes de municipios donde ya no hay tierra disponible. Cada fraccionamiento ilegal es un fracaso de la planeación, una victoria de la corrupción y una derrota para familias que solo buscaban tener un hogar.