La indiferencia hecha política de Estado
En las entrañas de la burocracia mexicana existe un silencio ensordecedor. No es el silencio de quien no sabe, sino el de quien elige no saber. Desde hace años, instituciones nacionales e internacionales documentan una cifra que paraliza: más de 128 mil personas desaparecidas en México. Pero detrás de cada número hay una decisión institucional de voltear la cara, de murmurar «prefiero no» frente a la obligación de actuar.
Esta metáfora no es nueva en el pensamiento crítico latinoamericano, pero cobra especial relevancia cuando organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la utilizan para describirnos. La referencia a Bartleby, el personaje de Herman Melville que responde pasivamente «preferiría no hacerlo» ante cualquier solicitud, se convierte en una acusación directa: nuestras autoridades practican una aquiescencia deliberada, una negligencia que, aunque parezca pasiva, es fundamentalmente activa en sus consecuencias.
Más allá de los números: rostros, historias, vacíos
Las cifras son abstracciones que nos permiten respirar. Son más fáciles de procesar que los nombres, los rostros, las noches de insomnio de madres que aún esperan noticias. Cada uno de esos 128 mil desaparecidos representa un colapso del sistema de justicia, seguridad e institucionalidad. Son estudiantes que nunca llegaron a clase, trabajadores que no regresaron a casa, activistas que fueron silenciados, migrantes atrapados en rutas de horror.
Lo preocupante es que esta cifra no es estática. Crece. Día tras día, semana tras semana, nuevas familias se unen a la terrible comunidad de los deudos. Y mientras esto ocurre, los mecanismos institucionales responsables de investigar, perseguir y resolver estos casos funcionan con la velocidad de una máquina oxidada, cuando funcionan.
Una omisión que es decisión
Hablar de «aquiescencia» es más preciso que hablar de simple negligencia. La negligencia sugiere inadvertencia, falta de atención. Pero lo que ocurre en los pasillos gubernamentales es más deliberado. Es la decisión consciente de no aplicar recursos suficientes, de no capacitar adecuadamente a los investigadores, de no presionar a los funcionarios para que cumplan con su deber fundamental: proteger vidas.
En estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán y Chihuahua, donde la violencia ha alcanzado dimensiones casi incomprehensibles, esta omisión institucional se convierte en complicidad. Funcionarios que «prefieren no ver» cómo actores criminales operan con impunidad. Fiscalías que archivan expedientes. Policías que no investigan. Jueces que no procesan.
El vacío legal que perpetúa la impunidad
Uno de los principales problemas identificados es la falta de marcos legales claros que responsabilicen específicamente a los servidores públicos que incumplen sus obligaciones frente a desapariciones forzadas o desapariciones en contexto de violencia general. No existen mecanismos suficientes para sancionar a funcionarios que, literalmente, eligen no actuar.
En otros países de la región, se han intentado diferentes estrategias: comisiones especiales, leyes específicas sobre desapariciones, tipificación clara de responsabilidades. Pero en México, el vacío persiste. No hay una ley integral que defina con precisión quién es responsable de qué, cuáles son las consecuencias de no actuar, cómo se castiga la complicidad por omisión.
Una urgencia que no admite más dilaciones
La recomendación de la CIDH no es meramente académica. Es un llamado urgente a legislar, a construir pisos mínimos de responsabilidad que impidan que los funcionarios públicos continúen escondiéndose detrás de trámites burocráticos o incompetencia simulada. Se necesitan leyes que digan claramente: si no actúas, si eliges no ver, hay consecuencias.
Para las familias de desaparecidos, cada día de inacción es un día más de incertidumbre, de dolor. Para la sociedad mexicana, cada caso sin resolver es un acto de descomposición institucional. El país no puede permitirse el lujo de tener un Estado que, literalmente, prefiere no.
La responsabilidad colectiva que viene
La transformación de esta realidad requiere voluntad política genuina, no la simulada que hemos visto durante años. Requiere que la sociedad civil continúe demandando, que los órganos autónomos investiguen con seriedad, que los medios de comunicación no cesen en su vigilancia, que la comunidad internacional mantenga la presión.
128 mil personas desaparecidas no son solo un dato de derechos humanos. Son un fracaso civilizatorio que nos involucra a todos. Mientras la institucionalidad mexicana prefiera no ver, nosotros debemos obligarla a mirar de frente a la realidad que ha permitido crear.
Información basada en reportes de: El Financiero