El dilema del crecimiento: ¿prosperidad para pocos o bienestar compartido?
Durante años hemos escuchado la misma receta: crecimiento económico. Como si fuera una pócima mágica capaz de resolver todos nuestros males. Pero en los últimos tiempos, especialmente después de la pandemia que expuso nuestras vulnerabilidades estructurales, esa fórmula ha comenzado a mostrar sus grietas. Y es que el crecimiento, sin más, se ha convertido en una promesa hueca cuando millones de personas siguen sin acceso a educación de calidad, salud digna o empleos que permitan vivir con dignidad.
La pregunta que debería ocupar a gobiernos, empresarios y sociedad civil no es simplemente cómo crecer, sino hacia dónde crece una economía y quién se beneficia de eso. Esta reflexión no es nueva en América Latina, región que ha experimentado en las últimas décadas ciclos de expansión económica que, paradójicamente, han coexistido con desigualdad persistente y movilidad social limitada. Hemos visto crecer el PIB mientras caían los salarios reales. Hemos presenciado récords de inversión extranjera directa mientras aumentaba el desempleo. Las contradicciones no son accidentales; son síntomas de un modelo económico desconectado de las necesidades reales de las personas.
El contexto actual intensifica esta urgencia. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores, los mercados laborales siguen precarizados, y la inversión en sectores clave como tecnología y energía limpia requiere recursos que muchos gobiernos no tienen. Simultáneamente, la desigualdad de ingresos ha alcanzado niveles alarmantes en varios países del continente. No estamos ante un problema técnico que se resuelva con más capital o mejores políticas macroeconómicas convencionales. Estamos ante un problema de diseño institucional y de prioridades.
¿Qué significa realmente crecer con equidad?
Crecer con equidad no es un concepto romántico ni una consigna de campaña política. Es una necesidad práctica. Economías más equitativas tienden a ser más resilientes. Cuando la población tiene acceso a educación de calidad, la productividad sube. Cuando la salud es universal, el ausentismo laboral disminuye. Cuando existe movilidad social real, el consumo interno se expande y genera ciclos virtuosos de inversión y empleo.
Pero esto requiere decisiones políticas valientes. Significa invertir en educación pública robusta, no en subsidios a sectores rentistas. Implica sistemas de salud universal financiados progresivamente, donde quien más gana contribuye proporcionalmente más. Exige infraestructura que beneficie a pequeños productores, no solo a grandes corporaciones. Y supone reformas fiscales reales donde los impuestos efectivos de grandes empresas y altos ingresos dejen de ser anecdóticos.
La trampa en la que hemos caído es pensar que equidad y eficiencia son antagónicas. La evidencia internacional sugiere lo contrario. Países con sistemas redistributivos robustos como Corea del Sur, Taiwan y Dinamarca han logrado crecimiento sostenido justamente porque invirtieron temprano en capital humano y en instituciones inclusivas. No son modelos perfectos, pero demuestran que es posible.
El costo de no actuar
Mientras debatimos, el tiempo pasa. Cada año que una economía crece sin incluir a las mayorías es un año en el que aumenta la frustración social, se erosiona la cohesión política y se reduce el horizonte de esperanza de millones de personas. Vemos el resultado en las urnas, en las protestas, en la migración y en la polarización política que consume al continente.
La pregunta que debe formular quien lidera una economía hoy no es únicamente cómo crecer, sino cómo crecer en forma que fortalezca las bases de nuestra democracia, que amplíe las oportunidades reales y que construya futuro para los que vienen. Esa es la única brújula que tiene sentido.
Información basada en reportes de: El Financiero