La otra cara de la crisis: cuando la política de drogas genera su propio enemigo
Durante décadas, los gobiernos de América Latina han enfocado sus recursos en perseguir a traficantes, desmantelar laboratorios clandestinos y cercar territorios controlados por organizaciones delictivas. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que pocos políticos se atreven a formular en espacios públicos: ¿qué pasaría si el verdadero motor del narcotráfico no fuera solo la codicia de unos cuantos delincuentes, sino un sistema que, paradójicamente, alimenta el negocio que intenta combatir?
Esta reflexión, lejos de ser una apología del delito, es el punto de partida de un análisis que cada vez más académicos, trabajadores sociales y especialistas en políticas públicas están planteando en México y la región. La conclusión es tan simple como incómoda: existen dos fuerzas fundamentales que explican la persistencia y expansión del narcotráfico, y ambas merecen nuestra atención crítica.
La demanda: el consumo como realidad silenciada
En las ciudades mexicanas, en los barrios populares de Lima, en las periferias de Bogotá, millones de personas consumen sustancias ilícitas. Algunos lo hacen ocasionalmente en fiestas, otros desarrollan dependencias químicas que marcan sus vidas. Esta demanda es real, tangible y constante. No desaparece porque exista represión, simplemente busca nuevas rutas, nuevos proveedores, nuevas formas de distribuirse.
El consumidor promedio no es quien aparece en los noticieros sensacionalistas. No siempre es el joven en esquina ni el empresario en fiesta exclusiva. Hay estudiantes bajo presión académica, trabajadores que buscan energía para turnos agotadores, personas con depresión o ansiedad que recurren a sustancias sin acceso a salud mental. La demanda atraviesa todas las clases sociales, aunque solo ciertas poblaciones son criminalizadas por ella.
Cuando un país no reconoce esta demanda como un problema de salud pública complejo, cuando no invierte en prevención desde la educación integral, cuando no ofrece tratamientos accesibles, simplemente desplaza el problema hacia la clandestinidad. Y allí, en la clandestinidad, florece el mercado negro.
La prohibición: cuando la ley crea al delincuente
México lleva más de 15 años de una guerra contra las drogas que ha dejado más de 250 mil muertes, desapariciones y un trauma colectivo sin cicatrizar. La prohibición no ha eliminado el narcotráfico; al contrario, lo ha fortalecido. ¿Por qué? Porque la ilegalidad es lo que genera los márgenes de ganancia astronómicos que financian a los carteles.
Imagine una sustancia cualquiera. Si fuera legal, estaría regulada, gravada, controlada en su calidad. El Estado tendría ingresos, los cultivadores serían campesinos con derechos laborales, los distribuidores serían comerciantes registrados. Pero mientras sea ilegal, cada paso de la cadena de suministro aumenta el precio exponencialmente. Esos márgenes de ganancia son lo que atrae a organizaciones criminales dispuestas a usar violencia para proteger su mercado.
La prohibición también significa ausencia de regulación. Las sustancias son adulteradas, envenenadas, impredecibles. Los usuarios no saben qué consumen realmente. La falta de información y seguridad genera más daño que la sustancia misma en muchos casos. Todo esto es consecuencia directa del marco prohibicionista.
Un sistema que se retroalimenta
Tenemos entonces un círculo perverso: existe demanda de consumo porque hay personas que buscan escapar, sentir placer o aliviar dolor de maneras que nuestra sociedad no atiende adecuadamente. Esa demanda, al ser ilegalizada, genera un mercado controlado por criminales que generan violencia para mantener su monopolio. La violencia, a su vez, crea más trauma, más desesperación, más demanda. Y el ciclo continúa.
Los gobiernos gastan miles de millones en fumigaciones, persecuciones y encarcelamientos. México, por ejemplo, ha invertido recursos enormes en una estrategia represiva que no ha disminuido la oferta ni el consumo. Mientras tanto, mueren jóvenes en operativos, familias se desintegran por encarcelamientos, y las ganancias del narcotráfico siguen creciendo.
¿Qué hacen otros países?
Portugal descriminalizó el consumo de todas las drogas hace más de 20 años. El resultado fue contraintuitivo para quienes creían en la represión: descendió el consumo entre jóvenes, mejoró el acceso a tratamiento y disminuyó la infección por VIH entre usuarios. Uruguay reguló la marihuana legalmente. Países como Países Bajos mantienen políticas de reducción de daño que funcionan.
Esto no significa que legalizar drogas sea la solución mágica. Significa que hay alternativas a la guerra, que no requieren de más muertos ni más militarización.
Hacia una política distinta
Reconocer estas dos fuerzas —demanda y prohibición— no es justificar el narcotráfico. Es invitar a una conversación más honesta sobre qué políticas realmente funcionan. Es preguntarse si la seguridad de nuestras comunidades se logra mejor encarcelando a todos los consumidores o construyendo sistemas de salud que atiendan las razones por las cuales se consume.
México necesita un debate público sincero sobre esto. No el que temen los políticos tradicionales, sino el que merecen las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los jóvenes en conflicto con la ley, los campesinos sin opciones económicas legales, los consumidores sin acceso a tratamiento.
La guerra contra las drogas no se ganará mientras no abordemos estos dos pilares fundamentales. La pregunta ya no es si prohibir o no; es si estamos dispuestos a una política que coloque a los derechos humanos y la salud pública por encima del discurso de la represión.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx