La complicidad con el crimen organizado va más allá de Sinaloa
El caso del gobernador de Sinaloa y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada no es más que la punta de un iceberg de corrupción que ha permeado las instituciones mexicanas. La petición estadounidense ha expuesto una realidad incómoda: la infiltración del crimen organizado en estructuras de poder abarca a múltiples entidades del país, mostrando una complicidad sistémica que va mucho más allá de un gobernador o un estado.
Estados como Michoacán, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Querétaro, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca y el Estado de México presentan una presencia considerable de delincuencia organizada. En estas entidades, grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, La Mayiza y Los Chapitos han tomado por asalto no solo municipios, sino la capacidad de decisión sobre aspectos básicos de la vida civil: dónde compra la gente, dónde celebra festividades, dónde construye. El control se ejerce mediante la economía, pero fundamentalmente a través del miedo.
El discurso oficial versus la realidad en las calles
Las autoridades presumen a través de palabras que los delitos de alto impacto han disminuido, pero los crímenes cotidianos que golpean el bolsillo del pueblo continúan. Extorsión, robo, comercio ilegal: son delitos de tierra que afectan directamente a comerciantes, productores y ciudadanos comunes. Operativos como el Enjambre y el Hídrico parecen haber actuado solo para remover obstáculos, permitiendo que los negocios criminales cambien simplemente de manos.
En el Estado de México, por ejemplo, la región sur con Valle de Bravo como centro operativo del CJNG continúa siendo un territorio donde la inseguridad es crítica. En la Zona Oriente y el Valle de México, la extorsión es moneda diaria. Todo ocurre bajo un manto de corrupción de comisarios y alcaldes que permite la operación de estas células sin resistencia estatal decidida.
Un cambio de manos, no de estructura
Morena llegó al poder con la promesa de cambio fundamental. El hartazgo social fue real, la esperanza también. Pero lo que sucedió fue un cambio de manos, no de estructura ni de fondo. Viejos políticos fueron exonerados y absorbidos por las nuevas filas, perpetuando así los mismos esquemas de corrupción bajo nuevos colores. La sociedad esperaba transformación; recibió rotación de poder.
El problema es que el actual gobierno, incluso con la administración Sheinbaum, continúa sin capacidad de control. El bastón de mando fue arrebatado del ejecutivo federal no por debilidad personal, sino porque el crimen organizado ha rebasado cualquier capacidad de gobernanza. Esto confirma una verdad incómoda: vivimos en estructuras donde el Estado mismo alimenta, sostiene y nutre al crimen que teóricamente debe combatir.
La jugada internacional y sus consecuencias
La petición estadounidense puede parecer una intromisión, pero revela cálculos geopolíticos claros. Si el gobernador de Sinaloa desaparece del panorama político, Estados Unidos elevará sus exigencias hacia otros funcionarios. Tienen opciones de sobra. La respuesta del gobierno federal —enviar cartas pidiendo pruebas— parece una táctica de ganar tiempo, aunque sea evidente que el tiempo se agota.
La pregunta fundamental permanece: ¿será la presidenta Claudia Sheinbaum capaz de entregar a infractores de la ley, sean de su partido o no? ¿O dejará a su suerte a millones de mexicanos que solo pidieron lo correcto: un verdadero cambio de fondo?
Como señala el investigador Diego Enrique Osorno: «El crimen organizado en México se origina, sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia».
Mientras eso continúe siendo cierto, ningún operativo, ninguna carta diplomática, ningún cambio de gobierno resolverá el problema de raíz.