Histórica reforma constitucional en el Estado de México
El Congreso del Estado de México aprobó una reforma constitucional que reconoce formalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. La iniciativa, que también garantiza su libre determinación en el marco de la unidad nacional, fue impulsada por la diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con aportes de todos los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura.
Una reforma alineada con cambios nacionales
De acuerdo con el dictamen leído en tribuna por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (Morena), se define a los pueblos originarios como colectividades que mantienen continuidad histórica con las sociedades precoloniales del territorio estatal y que conservan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
Las comunidades se reconocerán a través de criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción, estableciendo un marco claro para su identificación legal.
Derechos y garantías que otorga la reforma
La reforma garantiza a estos pueblos y comunidades el derecho a:
- Decidir sus formas internas de gobierno y de organización social, económica, política y cultural.
- Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, respetando derechos humanos y dignidad individual.
- Preservar y proteger su patrimonio cultural, incluyendo lenguas, medicina tradicional y conocimientos ancestrales.
- Participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan el pluriculturalismo e interculturalismo.
- Acceder al uso preferente de recursos naturales de los territorios que habitan y ocupan, salvo áreas estratégicas.
- Ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que causen impactos significativos en sus comunidades.
Protección territorial y acceso a justicia
La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias según los sistemas normativos de cada pueblo. Cuando los pueblos indígenas accedan a la jurisdicción estatal, se considerarán sus sistemas normativos con apoyo de intérpretes, traductores y peritos especializados en materia indígena.
Las empresas que obtengan lucro de recursos o territorios indígenas deberán otorgar un beneficio justo y equitativo a las comunidades, según establezcan las leyes aplicables.
Responsabilidades del Estado
Las autoridades estatales se comprometen a:
- Impulsar desarrollo comunitario y regional con presupuestos que administren directamente las comunidades.
- Fortalecer la educación intercultural y plurilingüe.
- Garantizar servicios sociales básicos y mejores condiciones de vida.
- Promover infraestructura de comunicaciones y transporte en sus regiones.
- Establecer políticas públicas para proteger a migrantes indígenas.
- Consultar a estas comunidades en la elaboración de planes de desarrollo estatal y municipal.
- Garantizar participación equitativa de mujeres indígenas en su desarrollo integral.
Reconocimiento a pueblos afromexicanos
La reforma otorga el mismo reconocimiento y garantías a pueblos y comunidades afrodescendientes, definidos como descendientes de poblaciones africanas trasladadas desde la época colonial, que mantienen formas propias de organización y afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
Consulta amplia y validación comunitaria
El dictamen fue sometido a una consulta pública, libre e informada en 48 municipios mexiquenses que cuentan con poblaciones originarias Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca, así como de otras etnias del país y afromexicanas. Las comunidades validaron la reforma antes de su aprobación.
Legisladores destacan avances, pero alertan sobre trabajo pendiente
Durante la deliberación, diputados de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron el avance hacia la dignificación de estos pueblos. El legislador Samuel Hernández Cruz (Morena) afirmó que «nunca más habrá un México sin sus pueblos originarios y comunidades afrodescendientes».
Sin embargo, la diputada Leticia Mejía García subrayó que esta reforma es «apenas el cimiento», ya que aún se requieren una ley general y leyes secundarias para definir el acceso a la justicia con pertinencia cultural, participación efectiva en decisiones y protección real de patrimonio cultural y territorial.
La parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) llamó a las autoridades a aprobar presupuestos adecuados y participativos para hacer realidad la reforma en la práctica.