Las universidades públicas mexicanas ante la encrucijada energética
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaba de convocar a las principales casas de estudio del país para una misión que va más allá de lo académico: analizar la viabilidad de explotar fuentes no convencionales de gas mediante técnicas de fracturación hidráulica. Detrás de esta decisión late una pregunta incómoda que México debe responder: ¿cómo equilibrar la demanda energética nacional con los compromisos ambientales asumidos globalmente?
La incorporación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional a este grupo de expertos representa un reconocimiento al peso intelectual de nuestras universidades públicas. Pero también marca un punto de quiebre: por primera vez en años, se les pide a estas instituciones que rompan su rol tradicional de observadores críticos para convertirse en evaluadores de una tecnología polémica.
¿Qué es el fracking y por qué genera tanta controversia?
La fracturación hidráulica, conocida popularmente como fracking, es una técnica que inyecta agua, arena y químicos a alta presión en pozos profundos para extraer gas y petróleo atrapados en formaciones de roca compacta. En teoría, permite acceso a reservas que métodos convencionales no pueden explotar. En la práctica, ha generado advertencias de científicos en todo el mundo sobre contaminación de acuíferos, emisiones de metano y riesgos sísmicos.
Latinoamérica ha observado con preocupación los impactos del fracking en otras regiones. Argentina desarrolló Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos no convencionales del mundo, pero enfrentó protestas ambientales crecientes. En Chile, las comunidades indígenas han bloqueado proyectos similares. En Colombia, el gobierno anterior cerró la puerta a esta tecnología precisamente por las presiones de movimientos socioambientales.
El contexto energético que presiona a México
México enfrenta un dilema genuino. La producción de petróleo crudo ha caído dramáticamente en la última década, pasando de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a apenas 1.7 millones en 2023. Esta caída amenaza ingresos fiscales y la seguridad energética nacional. Simultáneamente, el país se ha comprometido a reducir emisiones de gases de efecto invernadero bajo el Acuerdo de París.
Las fuentes no convencionales podrían parecer una solución temporal, pero expertos advierten que prolongar la dependencia de combustibles fósiles contradice directamente los objetivos climáticos de mediano plazo. Es aquí donde entra la responsabilidad intelectual de universidades como la UNAM, que históricamente ha sido voz crítica frente a decisiones extractivistas.
El rol de la academia en decisiones de Estado
Cuando el gobierno recurre a expertos universitarios para legitimar una política, emerge una tensión fundamental: ¿pueden mantener la UNAM, UAM e IPN su independencia crítica mientras asesoran al poder ejecutivo? La historia latinoamericana muestra casos donde la cooptación académica ha comprometido la capacidad de las universidades para cuestionar decisiones gubernamentales.
El grupo interdisciplinario anunciado incluye 17 académicos de reconocida trayectoria. Su responsabilidad es evaluar no solo la «factibilidad técnica», sino también los costos ambientales, sociales y de largo plazo. Una evaluación verdaderamente rigurosa debe preguntarse: ¿factible para quién? ¿A qué costo? ¿Para cuánto tiempo?
Oportunidad para repensar la energía en México
Este momento abre una puerta que no debe desperdiciarse. Las universidades públicas mexicanas podrían usar esta convocatoria para proponer algo más ambicioso: un análisis integral sobre transición energética que incluya evaluación de energías renovables, eficiencia energética, y un modelo de desarrollo que no perpetúe la dependencia de hidrocarburos.
México tiene capacidad solar entre las mejores del mundo. Su potencial eólico es significativo. Sus universidades cuentan con investigadores líderes en energías limpias. ¿Por qué no reencaminar esa convocatoria hacia un estudio sobre cómo México puede liderar una transformación energética en Latinoamérica?
Lo que está en juego
La decisión que resulte de este análisis académico trascenderá el debate energético. Definirá si las universidades públicas mexicanas pueden mantener credibilidad como instituciones críticas, o si quedan absorbidas en la lógica de legitimación de políticas de Estado. También mostrará si México elige profundizar en extractivismo o atreverse a imaginar un modelo energético diferente.
Las universidades públicas tienen el conocimiento y la responsabilidad histórica de iluminar estas encrucijadas. Lo que hagan en los próximos meses será observado desde toda Latinoamérica como un indicador de si la academia pública sigue siendo brújula moral de la sociedad, o brújula del poder.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx