Operación Enjambre: histórica condena a servidores públicos corruptos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha logrado un hito sin precedentes en la lucha contra la corrupción institucional. Desde el inicio de la Operación «Enjambre» —una estrategia coordinada para investigar y detener a servidores públicos vinculados con delitos de alto impacto y colaboración con grupos criminales— hasta la fecha se han obtenido 15 sentencias condenatorias que suman mil 146 años y seis meses de prisión contra 20 objetivos prioritarios.
La operación surge como respuesta a hallazgos críticos: el descubrimiento de restos humanos de 10 víctimas en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero. Las investigaciones posteriores identificaron como probables responsables a mandos y elementos de la policía local, revelando una red de corrupción que atravesaba múltiples niveles de la administración pública.
Una estrategia coordinada a nivel nacional y estatal
El operativo ha sido posible gracias a la coordinación de múltiples instituciones: las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (SEDENA) y Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).
A través de actos de investigación de campo, gabinete e inteligencia, se ha establecido la probable participación de presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad en delitos graves como homicidio, secuestro, secuestro exprés, extorsión y desaparición forzada.
Los casos más relevantes
María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, recibió la sentencia más severa: 70 años de prisión por homicidio en agravio de integrantes de su administración (16 de diciembre de 2025).
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumula dos sentencias: 40 años por homicidio (29 de enero de 2026) y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión (22 de abril de 2026).
Eulises González Hernández, ex comisario de Acambay, también enfrenta dos condenas: 68 años y 6 meses por desaparición forzada de personas y 47 años y seis meses por extorsión.
Entre otros sentenciados destacan:
- Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad de Tlatlaya: 50 años por secuestro exprés (9 de julio de 2025).
- Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas: 40 años por extorsión (9 de febrero de 2026).
- Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Naucalpan: 40 años por extorsión (23 de septiembre de 2025).
- Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico: 50 años por secuestro exprés (11 de noviembre de 2025).
- Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias «El Matón», ex policía de Nicolás Romero: 62 años y 6 meses por secuestro exprés (16 de julio de 2025).
- Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex policía de Santo Tomás: 60 años por secuestro (12 de diciembre de 2025).
Condenados de corporaciones de Nicolás Romero y Ecatepec
Siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero recibieron sentencias de 46 años y 6 meses cada uno por homicidio calificado: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.
Dos ex policías de Ecatepec, Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, fueron condenados a 47 años de prisión cada uno por homicidio (14 de abril de 2026).
La operación continúa
Las acciones de la Operación «Enjambre» en el Estado de México son permanentes. La FGJEM continúa integrando expedientes de investigación contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores que tengan probable participación o relación con hechos delictivos, los que serán judicializados conforme se completen las investigaciones.
Este operativo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción institucional y la colaboración entre funcionarios públicos y grupos criminales, demostrando que ningún nivel de la administración está por encima de la ley.