En el Estado de México, 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad gracias a un programa integral de acompañamiento y representación jurídica del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Este logro se ha alcanzado entre el 16 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026, a través de la coordinación de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica estatal.
Un programa integral para garantizar acceso a la justicia
El programa «Mujeres Privadas de la Libertad» articula el trabajo conjunto de la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP) para atender cada caso de manera personalizada y garantizar una defensa jurídica adecuada. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en la identificación de mujeres que cumplen con los requisitos legales para acceder a beneficios de libertad.
«Esta coordinación permite brindar acompañamiento a las mujeres privadas de la libertad y dar seguimiento a quienes, de acuerdo con su situación jurídica, pueden acceder a los mecanismos y beneficios previstos en la legislación», explicó María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres.
Liberaciones recientes y seguimiento continuo
Solo en los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad. Un caso reciente es el de Kimberly «N», quien contó con la representación jurídica del Instituto de la Defensoría Pública para el análisis, seguimiento y atención integral de su proceso legal.
Sin embargo, el acompañamiento no termina con la salida del centro penitenciario. La Secretaría de las Mujeres continúa apoyando a las liberadas con servicios desde una perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de favorecer su reintegración social.
Apoyo integral después de la libertad
El apoyo posterior a la liberación incluye múltiples servicios adaptados a las particularidades de cada caso. La SeMujeres puede cubrir el pago de multas cuando la legislación lo permite, gestionar el traslado de las beneficiarias a sus hogares y mantener el acompañamiento continuo durante su reintegración a la sociedad.
Por su parte, la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, proporciona representación y asistencia jurídica continua, analiza cada expediente de manera exhaustiva y da seguimiento a los procedimientos correspondientes para garantizar que las mujeres cuenten con una defensa adecuada y accedan a los beneficios establecidos en la ley cuando legalmente corresponda.
Un modelo de acceso a la justicia con perspectiva de género
Con estas acciones, el Gobierno estatal suma capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las mujeres y favorecer mejores condiciones para su reintegración social. El programa demuestra cómo la coordinación entre diferentes instancias de gobierno, enfocada en la perspectiva de género, puede generar resultados concretos en la búsqueda de equidad y justicia.
Esta iniciativa se alinea con los compromisos estatales de proteger los derechos humanos de la población más vulnerable y de garantizar que todas las mujeres tengan acceso equitativo a los beneficios legales disponibles, independientemente de su situación penitenciaria anterior.